El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha transmitido a su homólogo británico, William Hague -quien le llamó por las largas colas en la verja con Gibraltar- que España tiene "la obligación" de velar por el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea.
Fuentes del Ministerio de Exteriores han confirmado a Efe que Hague llamó ayer a Margallo debido a los retrasos de hasta seis horas que este fin de semana se han producido en la frontera de Gibraltar.
Margallo, según las fuentes, expresó a Hague que España "está por el diálogo y el respeto a su legislación y la de la UE, pero no por la utilización de la vía de los hechos consumados" y añadió que se seguirán haciendo los controles reforzados en la frontera "cuando se considere necesario".
La semana pasada, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, denunció que Gibraltar estaba arrojando en aguas españolas grandes bloques de hormigón con pinchos, para crear un arrecife artificial con el fin de impedir faenar a los pescadores españoles.
Las fuentes de Exteriores han señalado que el lanzamiento de estos bloques de hormigón es una medida que va contra el medioambiente y contra la actividad pesquera tradicional de la flota española.
Han hecho hincapié en la obligación de velar por la protección medioambiental "que exige las normas de la Unión Europea", así como por el cumplimiento de la normativa de la UE en circulación de personas -Gibraltar no forma parte del espacio Schengen-, y con la normativa fiscal (para evitar la evasión de capitales) y la lucha contra tráficos ilícitos y contrabando.
La alcaldesa de La Línea de la Concepción, Gemma Araujo (PSOE), explicó ayer que Protección Civil atendió a los ciudadanos que permanecían en la cola de la verja, repartiendo agua y asistiendo a las posibles emergencias, en un comunicado en el que tachó de "inhumana" la situación en la frontera con Gibraltar.
Por último, las fuentes de Exteriores han señalado que el ministro de Exteriores aprovechó la conversación con su homólogo británico para recordarle que España debe velar por los intereses de sus pescadores que faenan en aguas españolas.
