El Gobierno niega que la batería de medidas para el Campo de Gibraltar aprobado este viernes por el Consejo de Ministros responda a una estrategia de electoralismo para incidir "directa o indirectamente" en la campaña de las elecciones andaluzas que arranca precisamente este 16 de noviembre.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reconocido que el Ejecutivo estudió si la aprobación y presentación justamente este viernes de este plan respetaba las restricciones que la ley establece para el comportamiento de los poderes públicos en campaña y concluyó, no sólo que no incurría en ninguna vulneración, sino que guardaba las apariencias.
"Éste es un Gobierno responsable, se ha estudiado y se ha entendido que no existe ningún problema", ha afirmado el ministro. En primer lugar, porque se trata de medidas "transversales", que implican a varios Ministerios y que corresponden al Ejecutivo central, no a la Junta de Andalucía, cuya presidenta, la socialista Susana Díaz, opta a la reelección.
Y en segundo lugar, ha argumentado, porque el plan contiene medidas (de inversiones en infraestructuras, en formación profesional o empleo)que se empezaron a preparar hace tiempo, incluso en algunos casos ya están en marcha, por lo que no se trata de proyectos que se anuncian con motivo de la convocatoria de elecciones al Parlamento andaluz.
Marlaska ha explicado asimismo que para que las medidas que afectan al Campo de Gibraltar puedan ser efectivas o continuar en 2019 es necesario este año tomar una serie de decisiones sobre los recursos que se destinarán a ellas.
El ministro sí ha admitido que, cuando el Consejo de Ministros celebró su reunión en Sevilla el pasado 26 de octubre, cuando los comicios andaluces ya se habían convocado, el Gobierno evitó aprobar ninguna medida dirigida de manera particular a Andalucía precisamente para guardar las "apariencias".
Pero en este caso, con medidas aprobadas desde Madrid para el Campo de Gibraltar, el Ejecutivo considera que no puede "paralizar" su acción de gobierno "siempre que no incida ni directa ni indirectamente en el proceso electoral" y desde el Gobierno están convencidos de que este plan no repercute en la campaña.
