El Partido Independiente del Valle de Guadiaro (PIVG) ha hecho público que la empresa mixta Emgreal, creada en 2005 entre el Ayuntamiento de San Roque y Sotogrande para la explotación de una parte de la finca La Alcaidesa, propiedad de la Junta de Andalucía, y ofrecer servicios turísticos, faltando todavía cinco años de concesión más la prórroga y después de 1,3 millones de inversiones y de dos ampliaciones de capital, la última el año pasado por 240.000 euros, ha sido condenada por sentencia judicial motivada por el impago del canon de 20.000 euros anuales y otros gastos de los últimos años al pago de las deudas a La Junta de Andalucía y la pérdida de la concesión.

"Sotogrande S.A., solo iba de acompañante en este negocio puesto que la Conserjería de MedioAmbiente, para dar la concesión al ayuntamiento, le exigía un socio referente en el sector turístico. Aunque Sotogrande S.A., participaba con el 49 por ciento del capital, fue el ayuntamiento el que a nuestro juicio puso más del 51 por ciento que le correspondía del proyectode remodelación de la casa cortijo y las cabañas prefabricadas de madera, nunca terminó de justificarse las inversiones que correspondían a Sotogrande por su 49 por ciento de la empresa", indicó el PIVG.

"Por decisión personal de Ruiz Boix, según ha manifestado en el Pleno, en calidad de Presidente de esta sociedad, no ha recurrido la sentencia, y tampoco habían hecho nada por pagar la deuda a pesar de haberse equilibrado el patrimonio con la ampliación de capital y haberse retirado el contencioso,  no sabemos si también con conocimiento o no del otro socioSotogrande S.A. en  y ahora trae al pleno, la disolución de la empresa porque con la pérdida de la concesión no tiene sentido el objeto social con la que se creó", comentó Mayoral.

El PIVG cree que, "como es la Junta General de accionistas la que debe aprobar la disolución, ignoramos si el otro socio, Sotogrande S.A., aprobará también la disolución de la empresa, tampoco han presentado el balance de la empresa".

"Por intereses que desconocemos, podemos estar ante un posible delito de administración desleal de Sotogrande S.A. y el ayuntamiento y en éste último también de una supuesta malversación de fondos públicos, en su caso, todo apunta a que han  dejado deliberadamente caer esta sociedad cuando además ya se habían aprobado dos ampliaciones de capital, habiéndose equilibrado el valor patrimonial de la misma.El ayuntamiento ya había desembolsado   su parte de capital y según certificado de la secretaria Sotogrande S.A tiene pendiente un desembolso de 122.400 euros", señalan desde el PIVG.

"Hemos votado en contra del acuerdo plenario y realizaremos un recurso de reposición solicitando la anulación del acuerdo, y se depuren presuntas responsabilidades que pudiera haber defendiendo así los intereses del ayuntamiento", finaliza el PIVG.