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Colectivos de defensa de los Derechos Humanos proponen al Ayuntamiento la campaña 'Salvemos la hospitalidad'

En la citada moción se solicita al Consistorio que, como ya lo han hecho ayuntamientos como los de Málaga y Sevilla, solicite al Gobierno central que modifique la redacción del artículo 318 bis del anteproyecto de reforma del Código Penal

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Los colectivos cordobeses de defensa de los Derechos Humanos y de los derechos de las personas migrantes Apdha, APIC-Andalucía Acoge y Córdoba Acoge han presentado este jueves una propuesta de moción al Ayuntamiento de Córdoba en el marco de la campaña 'Salvemos la hospitalidad', en su condición de entidades promotoras de la misma. La campaña está impulsada por unas 30 entidades sociales de toda España y se puede encontrar toda la información sobre la iniciativa en 'www.salvemoslahospitalidad.org'.

   Según han informado los colectivos, en la citada moción se solicita al Consistorio que, como ya lo han hecho ayuntamientos como los de Málaga y Sevilla, solicite al Gobierno central que modifique la redacción del artículo 318 bis del anteproyecto de reforma del Código Penal, ya que "su actual literalidad puede conllevar al castigo penal de comportamientos de carácter solidario y humanitario con las personas extranjeras en situación documental irregular".

   "Acusar o no a una persona que ayuda a entrar o transitar en España o en el espacio Schengen por motivos puramente altruistas quedaría al criterio subjetivo de la Fiscalía", según advierten, al tiempo que destacan que actuaciones tales como "alquilar una vivienda a una persona inmigrante sin documentación podrían castigarse con hasta dos años de prisión".

   Así, consideran que "la solidaridad nunca puede ser calificada como un delito y que normas de este tipo tan sólo consiguen criminalizar a nuestros vecinos de origen inmigrante", motivo por el que desde la campaña 'Salvemos la Hospitalidad' hacen "un llamamiento a los ayuntamientos como las administraciones más cercanas a la realidad social, a los colectivos de la sociedad civil y a la ciudadanía en general que hagan llegar al Gobierno central su rechazo a este nuevo artículo del Código Penal y le exijan la modificación del texto actual".

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