Diputados del Grupo Socialista, del Vasco, el Catalán y de Izquierda Plural se han reunido este miércoles con portavoces del 'Laboratorio Jurídico sobre Desahucios', de la Universidad de Córdoba, con el compromiso de estudiar el informe de reforma hipotecaria que los estudiantes han registrado en el Congreso de los Diputados.

   El informe recoge once propuestas concretas de reforma hipotecaria elaboradas y argumentadas jurídicamente por casi un centenar de estudiantes de la asignatura 'Derechos Reales' de tercer curso del Grado de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba que componen el laboratorio y que están coordinados por el profesor Antonio Manuel Rodríguez Ramos.

   Los estudiantes se han entrevistado con varios diputados de los grupos, entre ellos, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez; Pedro Aizpazu, del Grupo Vasco; y Joan Coscubiela, de Izquierda Plural, que como han hecho por escrito los UpyD, PP y Grupo Mixto, se han comprometido a estudiar las medidas propuestas.

ONCE PROPUESTAS

   Entre las propuestas que se plantean está limitar obligatoriamente la responsabilidad hipotecaria al valor del bien inmueble hipotecado si se trata de vivienda habitual; el control previo de cláusulas abusivas por parte de registradores, notarios y entidades bancarias y, en su caso, sanciones por incumplimiento y la ampliación de competencias y extensión por todo el Estado de las oficinas autonómicas de mediación y asesoramiento.

   Asimismo, se aboga por una reforma de Ley Concursal ante la necesidad de ampliación de los derechos a personas físicas, deudores hipotecarios de buena fe; un plan de rescate hipotecario que garantice el derecho a la vivienda mediante dos mecanismo, a través de la subrogación en el crédito hipotecario por parte del Sareb o mediante un alquiler social u otros derechos de uso.

   Los estudiantes también proponen la creación de un instituto público y autonómico para mantener el valor y la garantía hipotecaria durante su vigencia; la condonación moratoria de la deuda hipotecaria como medida transitoria con cargo al rescate bancario; que se promueva la inconstitucionalidad de la ejecución extrajudicial en manos de notarios y el derecho a la dignidad como fundamento de suspensión provisional de la ejecución hipotecaria por razones humanitarias.

   Por último, se reclaman medidas para garantizar la función social de la propiedad y la vivienda como derecho fundamenta y exenciones fiscales y modificación de la plusvalía para el deudor hipotecario de vivienda habitual de buena fe.