El portavoz de Izquierda Abierta (IzAb) en Córdoba, Tasio Oliver, ha pedido este martes a la Junta de Andalucía que "inicie el trámite de recuperación" de la Mezquita-Catedral de Córdoba "como patrimonio público lo antes posible porque pertenece al imaginario y riqueza culturales, no solo de todos los andaluces, sino del resto de la humanidad", dado que el monumento está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
A través de un comunicado, Oliver ha señalado que "el Obispado de Córdoba se valió de dos artículos que perviven de la Ley Hipotecaria aprobada por Franco para inscribir el bien como propio en 2006, tal y como ha dado a conocer el profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba (UCO), Antonio Manuel Rodríguez".
Además, Oliver, que también es miembro de la dirección federal de IU, ve "incompatible la titularidad privada con las características de un espacio como el de la Mezquita, no solo por su valor histórico, artístico o patrimonial, sino por la enorme carga simbólica que guarda para nuestro pueblo y para el pasado de Europa" y que ahora, según ha explicado, "está en manos de una institución sectaria, sesgada, oscura y egoísta fiscalmente, como es la Iglesia" Católica.
A juicio del portavoz de IzAb, una de las vías para recuperar la titularidad pública de la Mezquita, "la más viable, por haberse utilizado ya con otros monumentos y espacios en Andalucía, es que la Junta de Andalucía reclame al Estado la titularidad pública del monumento y se encargue así de las principales funciones de su gestión y mantenimiento, algo que deberá hacer antes de dos años, que es cuando acaba el plazo de diez años de reclamaciones o incidencias que prevé la Ley ante tales registros de propiedad".
Este histórico edificio, según ha recordado Oliver, "está registrado como Patrimonio de la Humanidad con la denominación de 'mezquita', que la Iglesia evita utilizar en la nomenclatura del monumento y que se arraiga en la tradición de varias culturas que forman parte de nuestro pasado, no solo la vinculada a la Iglesia Católica, lo que hace aún más justificada la petición de titularidad pública del monumento".
Oliver ha aclarado que "no se trata de impedir el culto" en dicho templo, consagrado como Catedral de Córdoba, "sino de regular su propiedad y su uso en base a criterios públicos y de acuerdo a la trascendencia que el espacio tiene para Córdoba, Andalucía y la humanidad".
Del mismo modo, Oliver ha recordado que la Mezquita-Catedral "factura unos 13 millones de euros tan solo conforme a las visitas que el monumento recibe como mezquita, dinero que no sabemos dónde va a parar en lo relativo a la Iglesia, dada la exención fiscal que disfruta esta institución en España".
Ha señalado que "la poca transparencia en la gestión de un monumento que es, en sí mismo, un motor de desarrollo para toda la ciudad" de Córdoba "es el último gran argumento para evitar que la Mezquita se gestione como el cepillo de una iglesia de pueblo".
