La Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba ha iniciado un expediente sancionador por infracción muy grave a las dos empresas organizadoras de la actividad recreativa celebrada en las instalaciones de la discoteca Podium, antigua Maná, el pasado mes de octubre en la capital cordobesa, y que se saldó con disturbios en el acceso a la misma que requirieron la intervención policial y que condujeron a la suspensión del evento.
En una nota remitida a Europa Press, la delegada del Gobierno regional en la provincia, Isabel Ambrosio, ha explicado que las empresas organizadoras Freizeit Leisure SL y Unexpected Events SL celebraron la actividad recreativa "sin autorización, ya que la licencia concedida en su día por la Gerencia Municipal de Urbanismo había perdido su vigencia para esa fecha". Asimismo, el evento constituía un grave riesgo para las personas y los bienes, ya que se vendieron entradas que superaron en un 50% el aforo de las instalaciones, lo que provocó los altercados en el exterior del recinto.
En este sentido, detalla que Ticketbox SL, empresa encargada de la venta telemática de entradas para la fiesta, distribuyó 806 entradas, a las que hay que sumar otras 702 vendidas en mano, que la Policía Local contabilizó. La suma de ambas, supera en más de un 50% el aforo de las instalaciones que asciende a 989 personas.
Al respecto, la delegada del Gobierno andaluz ha explicado que a partir de ahora tendrá lugar la tramitación del expediente por infracción muy grave que pueden suponer una sanción que oscila entre los 30.000 y los 600.000 euros.
La Administración autonómica es la competente en la tramitación de los expedientes por infracciones muy graves. A su vez se han detectado otros incumplimientos a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, calificados como graves, por lo que su tramitación corresponde al Ayuntamiento de Córdoba.
En concreto, cita la contratación de un servicio de vigilancia insuficiente, el incumplimiento de los requisitos legales para las entradas o el ejercicio de un derecho de admisión no autorizado. Por este motivo, desde la Delegación del Gobierno se ha remitido al Ayuntamiento de la capital copia de todas las actuaciones para que inicie el expediente sancionador correspondiente.
