Un total de 18 investigadores de la Universidad de Córdoba (UCO), que llevan entre cuatro y cinco años contratados por la Junta de Andalucía bajo la figura de personal destinado a áreas deficitarias por necesidades docentes en Andalucía "se enfrentan a un futuro incierto", pues, de momento, no está previsto renovar su contratación.
Según han explicado en un comunicado, este personal universitario fue contratado por la Junta "en convocatorias muy competitivas en 2008 y 2009, con un contrato de cuatro años, más un quinto año en el caso de obtener el título de doctor. En el caso de los contratados en la convocatoria de 2009, finalizaron su cuarto año el pasado 28 de febrero sin que a día de hoy se tengan noticias de fecha de contratación para el quinto año al que tienen derecho por Ley. El caso de los investigadores de la convocatoria 2008 es aún más grave, al finalizar su quinto año de contrato en abril".
En opinión de los afectados, el fin de estos contratos supone arrojar a la basura más de 30 millones de euros de dinero público invertido en toda Andalucía en su formación, excluyendo los gastos en estancias internacionales de investigación, asistencia a congresos o materiales experimentales, entre otros".
En consecuencia, "esta salida de la universidad no solo afecta a la inversión pública, sino que muchos alumnos pierdan a profesores que les dieron clase y, que sean otras personas las que les examinen en las siguientes convocatorias, para otros alumnos supondrá la pérdida de sus directores de proyecto, de fin de carrera o de grado".
Además, considerando que la media de edad del profesorado de la UCO se sitúa en torno a los 58 años, "la pérdida de estos investigadores supondría un obstáculo importante para el relevo generacional a medio plazo". Entre tanto, en la UCO hay 18 personas en esta situación, que están en contacto con sindicatos y esperan que los dos candidatos a rector de la UCO "diseñen soluciones para evitar esta pérdida".
