La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado una sentencia tras un acuerdo de conformidad por la que condena a un año de prisión y a pagar una indemnización de 67.000 euros y multa de 540 euros a un hombre, acusado de un delito de apropiación indebida, tras supuestamente quedarse con más de 82.800 euros en su trabajo como comercial.

   Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el procesado firmó un contrato de agencia comercial el día 1 de septiembre de 2011 con una mercantil, cuyo objeto era la realización por parte del acusado de una actividad de promoción, así como la conclusión de las operaciones de venta de los géneros comercializados por la mercantil.

   En el ejercicio de dicha actividad, el varón se encargaba de la gestión de cobro a los clientes de las operaciones de venta concertadas a través del mismo, con la obligación de entregar el importe de lo cobrado a la entidad, mediante el ingreso en la cuenta corriente que la misma tenía para tal fin.

   Sin embargo, el acusado supuestamente utilizando "diversas tramas y mecanismos" desde la fecha indicada anteriormente, hasta enero del año 2012, dejó de ingresar el importe recibido de facturas que habían sido abonadas por parte de los clientes, "adueñándose, con ánimo de beneficio, de la cantidad de 82.862 euros", según da por probado el magistrado.

   No obstante, el juez resalta, tras modificar sus conclusiones el fiscal, que mediante escritura pública de 15 de septiembre de 2014, el acusado ha garantizado el pago parcial otorgando al perjudicado la dación en pago de un inmueble tasado en 15.862 euros, además de haber suscrito documento privado de aplazamiento fraccionado del resto por importe de 350 euros mensuales durante el primer año y 500 euros en los siguientes, con el incremento del IPC, hasta la total extinción de lo debido.

   Al respecto, el juez apunta que concurre la circunstancia atenuante de reparación parcial del daño, por lo que se le impone la pena aceptada de un año de prisión y la multa de seis meses a razón de tres euros diarios, así como la indemnización de 67.000 euros, todo ello después de que el Ministerio Público cambiara sus conclusiones provisionales y se adhirieran las acusaciones y la defensa.

   Cabe destacar que la Fiscalía solicitó para él una pena de tres años y seis meses de prisión y una multa de 2.160 euros; mientras que la acusación ejercida por la mercantil pidió que le impusieran tres años de cárcel, multa de 18.000 euros y el pago de una indemnización que coincidía con el importe de lo cobrado y no entregado, por 82.862 euros, y la acusación particular solicitó tres años de prisión, multa de 18.000 euros y una indemnización de 3.000 euros. La defensa pidió la absolución.