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La Fiscalía archiva la denuncia de Baquerín (UCOR) sobre la apertura de cartas

La decisión del archivo se ha producido después de que no se ha apreciado delito alguno en las diligencias de investigación que se abrieron en su momento

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La Fiscalía Provincial de Córdoba ha acordado archivar la denuncia del concejal de Unión Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento de la capital Carlos Baquerín sobre la supuesta violación de derechos fundamentales por parte del edil de Hacienda, Gestión y Administración Pública, José María Bellido, y en su caso de los demás integrantes de la Junta de Gobierno Local, por una presunta instrucción en el verano pasado para "la apertura indiscriminada" de las cartas en el Consistorio para "todo el personal".

   Según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, la decisión del archivo se ha producido después de que no se ha apreciado delito alguno en las diligencias de investigación que se abrieron en su momento. Este caso llegó a la Fiscalía Provincial después de que la Fiscalía General del Estado lo trasladara antes de finalizar el mes de agosto pasado, tras presentarlo Baquerín en la instancia superior.

   Al respecto, el edil en su escrito explicaba que desde mediados de julio de 2014, según él, existía "una instrucción de la Dirección General de Gestión y Comercio del Ayuntamiento, emitida con el visto bueno del teniente alcalde de Hacienda, Gestión y Administración Pública, presuntamente aprobada o al menos conocida por la Junta de Gobierno Local y dirigida a la Unidad de Servicios Centrales del Ayuntamiento".

   En la misma, según detalla, se informaba de que "todos los escritos recibidos en el Registro Auxiliar de Correo y Reparto deberán registrarse de entrada con independencia de que el destinatario que venga indicado en la comunicación o escrito sea el propio Ayuntamiento o alguno de sus empleados públicos o personal que desarrolla funciones en el mismo".

   Para Baquerín, como consecuencia de esta "decisión administrativa y al menos desde esa fecha", esa "discutible presunción, de muy dudosa legalidad", sirvió para que en el Ayuntamiento "de forma sistemática e indiscriminada, se haya abierto, sin conocimiento previo ni autorización del destinatario o del remitente, el correo postal dirigido a la atención personal de los funcionarios públicos, del personal contratado y eventual y de los cargos electos".

   Todo ello, según añade, se hizo "con independencia de la aparente naturaleza pública o privada de la correspondencia y de la identidad de su remitente". Además, señaló que "puesto que de lo que se trata es de un registro de entrada, se entiende que en la instrucción no se dispone únicamente la apertura de los sobres, sino también exponer su contenido a registro, y por tanto, a conocimiento público".

   Al respecto, consideraba que "la medida adoptada se ha hecho extensiva a los concejales de la oposición", de manera que en su caso apuntaba que "se ha abierto tanto la correspondencia que ha llegado" a su nombre, como aquella otra en la que él "figuraba como remitente y que iba dirigida a título personal y en sobre privado a empleados municipales".

POSTURA DEL AYUNTAMIENTO

   Por su parte, el teniente de alcalde de Hacienda, Gestión y Administración Pública, José María Bellido, explicó en su momento que la apertura de cartas a la que se refiere el concejal de Unión Cordobesa es "una instrucción de carácter técnico" de la Dirección General de Gestión, "tal y como él mismo reconoce en su escrito".

   Así, Bellido subrayó que "por parte de los técnicos no hay intención de vulnerar el secreto de las comunicaciones de ningún funcionario, ni político de esta administración" y la instrucción técnica se hizo "con la intención de evitar que hubiera documentos que se quedaran sin registrar" en el periodo de vacaciones al poder ocasionar perjuicio para el administrado.

   Asimismo, precisó que el personal que haya podido acceder a abrir el correo es también personal funcionario y las cartas que eran de carácter personal, "obviamente no se abrían", aclaró, al tiempo que informó de que el 1 de agosto un funcionario presentó una queja al respecto y desde ese mismo día el director general de Gestión retiró dicha instrucción.

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