La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, y el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Manuel Carmona, se han reunido con alcaldes de la provincia para abordar el desarrollo de la Ley de Medidas Urgentes para Favorecer la Inserción Laboral, la Estabilidad en el Empleo, el Retorno del Talento y el Fomento del Trabajo Autónomo, que, a través de diversos programas, supondrá una inversión en la provincia de 24,5 millones de euros.
A este respecto y en declaraciones a los periodistas, Crespín ha explicado que, "durante este encuentro se ha analizado cuál es el papel de cada administración en el desarrollo de estos planes y programas" y también ha servido el encuentro para "resolver dudas y establecer una coordinación entre administraciones, para que estas medidas cumplan sus objetivos en los plazos previstos".
Según ha explicado Crespín, "la Junta continúa impulsando acciones dirigidas a paliar la difícil situación económica y social que aún atraviesan muchas familias cordobesas" y, en este sentido, han "querido hacer un esfuerzo para que estos programas de empleo tengan una continuidad en el tiempo, mientras que se les han incorporado mejoras para adaptarlos de la mejor manera a las demandas y necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas y favorecer la labor que desarrollan en este caso los ayuntamientos".
Para la delegada, "mientras no exista una recuperación económica y social real que llegue a las familias, estamos obligados, como Gobierno andaluz, a favorecer las condiciones para lograr el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas y no hay mejor fórmula de garantizar la igualdad y el desarrollo personal que ofreciendo oportunidades de empleo a aquellas personas que forman parte de la población activa y que han sufrido en primera persona el drama del desempleo".
Crespín ha resaltado la "colaboración de los ayuntamientos para conseguir el objetivo que queremos y ha destacado que la Junta de Andalucía es una administración claramente municipalista". La delegada ha defendido la coordinación institucional, la cooperación y la lealtad "como la mejor manera de avanzar, gestionar más eficazmente y resolver los problemas de los ciudadanos y ciudadanas".
Por último, la delegada ha agradecido a los ayuntamientos su "colaboración, disposición y lealtad con la Junta de Andalucía para poder llevar a cabo estos planes y programas que suponen una esperanza para muchas familias".
24,5 MILLONES DE INVERSIÓN
Entre los Programas Emple@Joven y Emple@30+ le corresponde a Córdoba una cuantía de 24,5 millones. En concreto, 14,8 para Emple@joven y 9,6 para Emple@30+, dentro de la nueva convocatoria de la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria, común para ambos colectivos.
Entre las modificaciones incluidas para estos programas destaca la referida al pago de las ayudas a los ayuntamientos que se acojan a la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria, que a partir de ahora recibirán un anticipo del 100% de las ayudas frente al 50% que fijaba el Decreto anterior. A partir de la entrada en vigor, los ayuntamientos tienen dos meses de plazo para presentar sus solicitudes
Por su parte el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, ha señalado que "hay que tener en cuenta que el plazo de dos meses con el que cuentan las entidades locales para presentar los proyectos acogidos a la nueva convocatoria de la iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria se cierra el próximo 13 de marzo".
En ellos se incluyen ayudas de entre 1.300 y 1.700 euros mensuales brutos por contrato que realicen los ayuntamientos para proyectos de obras y servicios de ámbito social o de interés municipal, distintos de los que realiza regularmente el personal de la Administración local. El reparto de los fondos se ha realizado entre los municipios en función del número de desempleados y de su población.
Para los jóvenes de entre 18 y 29 años será requisito indispensable estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y, en todos los casos, estar desempleado. Se dará prioridad en las contrataciones a aquellos que residan en el municipio o la provincia en la que se va a desarrollar el proyecto y a los que son beneficiarios del Ingreso Mínimo de Solidaridad o parados de larga duración con la prestación agotada.
Como ha explicado el delegado, "uno de los cambios con respecto al anterior programa desarrollado es que se considera desempleado de larga duración a los demandantes de empleo no ocupados inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) durante 360 días en los 18 meses anteriores a la medida y en el caso de los trabajadores agrarios, el registro deberá ser de 180 días en los nueve meses anteriores". Esta circunstancia responde a una demanda de los desempleados que por haber trabajado un mes podían quedarse fuera de este programa.
Otra de las novedades es que los contratos a desarrollar tendrán una duración de seis meses en el caso del Emple@Joven y un mínimo de tres y un máximo de seis meses en el Emple@30+.
En la edición anterior los ayuntamientos decidían la duración de los contratos. En esta ocasión, para ofrecer experiencia a los jóvenes que en muchos casos disfrutarán de su primer empleo, la duración mínima de los contratos deberá ser de seis meses para cumplir el objetivo de dotarlos de suficiente experiencia. Los contratos deberán ser a jornada completa.
Los ayuntamientos deberán presentar la oferta de empleo ante el SAE, que le proporcionará tres candidatos por puesto de trabajo. La Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria tiene por objeto promover la creación de empleo fomentando la inserción laboral de personas desempleadas que les permita mejorar su empleabilidad mediante la adquisición de competencias profesionales.
Esto quiere decir que para la definición del contenido del puesto de trabajo y la formalización de los correspondientes contratos de trabajo, el ayuntamiento tomará como referencia las realizaciones profesionales y criterios de realización asociados a alguna unidad de competencia incluida en cualificaciones profesionales vigentes.
El objetivo, según Carmona, es que "la experiencia profesional adquirida en el desempeño del puesto de trabajo permita acreditar a posteriori las competencias adquiridas". El desempleado obtendrá un certificado emitido por el ayuntamiento con las competencias adquiridas que le servirán para en un futuro obtener un certificado de profesionalizad en dicha ocupación si completa la experiencia en el resto de unidades de competencia. La puesta en marcha de los programas anteriores generó en Córdoba más de 8.200 contratos y la inversión de la Junta fue de 24,4 millones.
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