La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía promovió durante 2015 "la realización de 373 mediaciones con menores infractores en Córdoba, lo que la convierten en la segunda provincia andaluza con más mediaciones" en este ámbito, por detrás de Almería.
Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, quien ha señalado que la Administración autonómica promovió durante el pasado año 1.942 mediaciones con menores infractores en Andalucía, 1.373 de ellos chicos y 569 chicas, mientras que, por tramos de edad, la mayoría de los beneficiarios de este sistema de resolución extrajudicial son menores de entre 16 y 17 años, que representan el 52 por ciento, seguidos de los de 14 y 15 años (41%), mientras que los que han llegado a los 18 años suponen el 7 por ciento.
Crespín ha detallado que el 70 por ciento de las mediaciones realizadas en la comunidad andaluza durante 2015 con menores infractores "se resolvió de forma positiva y se evitó que el caso tuviese que ser resuelto en un juicio", mientras que el 18 por ciento seguía en tramitación para buscar un acuerdo entre las partes y sólo el 12 por ciento resultó inviable.
De las mediaciones resueltas, el 49 por ciento se saldó con una reparación del daño causado por el menor infractor, el 27 por ciento con un acto de conciliación y una reparación, y el 24 por ciento únicamente con una conciliación.
Los profesionales de los equipos de menores inician el proceso de mediación, según ha aclarado Crespín, "con el fin de que el infractor se responsabilice de las consecuencias de su delito o falta, comprenda el mal que haya causado, pida perdón a la víctima y repare el daño causado con las medidas que en cada caso se establezcan para ello".
La delegada ha indicado que "este tipo de soluciones extrajudiciales responden a una finalidad educativa y socializadora basados en la prevención general. Además, la mediación conlleva múltiples beneficios, como el ahorro de costes y de tiempo, ya que en cuestión de meses se pueden solucionar muchos conflictos por esta vía, frente a la tardanza que conlleva un proceso judicial".
Igualmente, "resulta fundamental el valor de participación de las partes en litigio, lo que refuerza la solución alcanzada, al haber sido acordada y compartida, motivo de una mayor satisfacción que una sentencia impuesta por un juez", según ha opinado Crespín.
La función del mediador no es, sin embargo, resolver el conflicto, sino "conducir el proceso técnicamente para modelar la negociación. Estos profesionales no solo informan y observan, sino que preparan también a las partes para el encuentro, introduciendo elementos de reflexión que posibiliten el acercamiento y el acuerdo".
La delegada ha concluido resaltando que "el fomento de la mediación como sistema de resolución extrajudicial de conflictos es una prioridad para el Gobierno andaluz, ya que contribuye a mitigar la alta litigiosidad en la Administración de Justicia y puede ofrecer una respuesta más rápida y práctica para las partes implicadas".
