La Junta de Andalucía destinará un total de 32.292 euros a la financiación, hasta el año 2018, del servicio de orientación jurídica para la población reclusa en la provincia de Córdoba, que prestan profesionales de los colegios de abogados en los centros penitenciarios de la comunidad andaluza, según la resolución de la Consejería de Justicia e Interior, que gestiona este servicio.
A este respecto y en declaraciones a Europa Press, la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, ha señalado que, con esta resolución, la Consejería de la que es titular Emilio de Llera mantiene su "compromiso de financiación de un servicio de asistencia jurídica que se presta de manera completamente gratuita a la población reclusa que lo necesite y lo requiera".
Gracias a esta financiación de la Junta, la población reclusa del Centro Penitenciario de Alcolea, en la capital cordobesa, y también la de las otras 12 cárceles andaluzas, "cuentan con un servicio de asesoramiento sobre cuestiones propias del ordenamiento jurídico penitenciario, permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o sobre los requisitos de acceso a la justicia gratuita".
La orientación jurídica, según ha detallado Crespín, "la llevan a cabo abogados especialistas en materia penitenciaria y en dependencias de las prisiones en horas y días fijados por la dirección de cada centro, lo que contribuye a mejorar también la convivencia en los centros penitenciarios andaluces y a favorecer su reinserción social".
MÁS DE 400 INTERVENCIONES EN CÓRDOBA
Durante los tres primeros trimestres del pasado año 2015, los abogados de Córdoba llevaron a cabo un total de 430 actuaciones de orientación jurídica penitenciaria con la población reclusa en esta provincia, según ha indicado la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba.
El convenio con el Ministerio del Interior, como responsable de las políticas penitenciarias, y los representantes de los abogados andaluces por el que se rige esta prestación gratuita tiene una vigencia de tres años prorrogables y está financiado al completo por la Junta. La financiación correspondiente se abona en periodos trimestrales al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, previa justificación de los servicios efectuados.
JUSTICIA GRATUITA
Estos pagos se complementan con los 38,5 millones de euros que la Consejería de Justicia e Interior abonará este año a los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores, como pago de los servicios de asistencia jurídica gratuita en Andalucía a personas con menos recursos económicos.
El calendario de pagos de 2016, que se iniciará el próximo mes de marzo con el abono de los trabajos de justicia gratuita correspondientes al último trimestre de 2015, se realiza en virtud de un acuerdo que ya en la anterior legislatura permitió a la Junta estar al día con la financiación de una prestación, de la que se benefician más de 300.000 personas cada año en Andalucía.
El calendario de pagos establecido con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores permite abonar por trimestres vencidos el turno de oficio, el turno de guardia y los gastos de funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita en Andalucía, que financia la Junta y que prestan en la comunidad autónoma más de 9.000 profesionales, entre abogados (7.000) y procuradores (2.000).
Con el fin de mejorar la asistencia jurídica gratuita, la Consejería de Justicia e Interior tiene operativo el sistema de gestión 'Temisa', que aporta transparencia, agiliza los trámites y disminuye el coste económico que realiza la Administración autonómica para financiar este servicio, destinado a las personas con menos recursos.
Esta aplicación permite a los consejos andaluces de abogados y procuradores remitir telemáticamente a la Administración autonómica las certificaciones de pago por el servicio de justicia gratuita sin necesidad de que haya que notificarlos en papel. Además, se ha instalado en la web de esta consejería un simulador económico de que permite saber al instante si un ciudadano tiene derecho a beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita.
