En nota de prensa, UGT señala que “los distintos equipos de gobierno de este Ayuntamiento, crearon –primero- y están manteniendo –ahora, y a pesar de las promesas electorales incumplidas-, la actual red de empresas municipales, cuya utilidad, objeto y actuaciones son tan cuestionadas por la ciudadanía. Aunque se utilice la excusa de mejorar la gestión de los servicios públicos, en realidad el verdadero objetivo, en la mayoría de ellas, es el de escapar de los controles de legalidad de sus procedimientos y del control financiero de su gestión económica, convirtiéndose en auténticos feudos de los políticos de turno, para actuar con las manos libres de todo control".
De este modo, "han servido a lo largo de los años para colocar y enchufar a personal afín, al margen de los procedimientos de selección de empleados públicos, con unos sueldos y derechos sociales muy por encima de los que tienen reconocidos los funcionarios de este Ayuntamiento".
Por otro lado, "se utilizan estas empresas para realizar inversiones y gastos de dudosa justificación, que no pasarían los controles financieros a los que están sometidos la gestión y ejecución de los presupuestos municipales. La única empresa municipal con un objeto social actualmente justificado y que resulta rentable, APEMSA, la han “vendido” a un privado, en el 49% de sus participaciones sociales”.
Continúa que “el caso de Suvipuerto S.A., feudo de Antonio Jesús Ruiz, es un clarísimo ejemplo de ello. Su objeto social es actualmente inviable, como lo atestigua el hecho de que lleve 7 años sin entregar una vivienda; curiosamente el mismo tiempo que lleva el actual equipo de gobierno en el poder. Y sin embargo, se mantiene artificialmente esta empresa por el equipo de gobierno PP-PA, con dinero público, año tras otro, sin realizar ninguna intervención que detenga esta sangría y despilfarro de dinero público".
Lo último que podíamos esperarnos de este desgobierno es que hayan dejado la situación a la deriva, hasta quedar a las puertas de un bochornoso pre-concurso de acreedores, pidiendo una quita de la deuda no ya a empresas proveedoras, sino incluso a unas cuantas familias que han quedado en riesgo de exclusión social, y a las que se les ha reconocido sin pudor alguno que la empresa pública no puede devolverles el dinero que es suyo y que han ahorrado con tanto esfuerzo”, afirma el sindicato de trabajadores.
