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El Puerto

Gestión del empleo en El Puerto

Joaquín Gaztelu Jiménez. Promotor de Queremos.

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  • Joaquín Gaztelu. -

Tan aficionado como es nuestro Alcalde a la fotografía, aun no le hemos visto una instantánea con la Ministra de empleo Fátima Bañez, a pesar que tiene 12.582 portuenses en situación de desempleo y que 442 de nuestros conciudadanos hayan tenido que emigrar fuera de nuestra ciudad en busca de oportunidades por la llamada “la movilidad geográfica” que tanto pregona nuestro Gobierno Central. Parece que nuestro Alcalde no tiene tanto peso político en Madrid como su homóloga, Teófila Martínez.

Por todos es conocido que el Ayuntamiento no tiene competencia para poner en marcha políticas activas de empleo, que corresponden en exclusiva a la Junta de Andalucía. Desgraciadamente el portavoz del PSOE, David de la Encina, no parece tener mucho predicamento ante la actual presidenta en funciones, Susana Díaz. Ambos políticos, tienen 12.582 importantes razones para hacer una política activa…..para buscar empleo para los portuenses que se encuentran en tan dramática situación.

Como hemos apuntado, el Ayuntamiento no tiene competencia en materia de empleo, pero si puede asumir el fomento del empleo, con las limitaciones que impone la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, como son que su ejercicio no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal y el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Desgraciadamente, a pesar del triunfalismo de nuestra Edil de economía, la deuda reconocida a proveedores esta en torno a los 18 millones de euros más los interés de demora que genera el incumplimiento de su pago, a lo que hay que sumar más de 150 millones a largo de los planes a proveedores.

Estos datos hacen complicado asumir en el futuro el fomento del empleo en nuestra ciudad. Como ya deben conocer, no somos políticos, sino que nuestra concepción de gobierno pasa por aplicación de prácticas de gestión.

Un político sin ideas, recurre a la consabida frase “no hay dinero”, sin embargo un gestor, en estas circunstancias, piensa, evalúa, planifica y busca alternativas. No dejaremos de insistir, con lealtad institucional pero con firmeza, a la Junta de Andalucía para que cumpla sus compromisos en materia de políticas activas de empleo para con nuestra ciudad.

Al mismo tiempo, fomentaremos desde nuestras competencias, la implantación de empresas de sectores competitivos tanto industriales como del sector servicios, especialmente aquellas relacionadas con el sector turístico.

Promoveremos la colaboración pública-privada para la atracción de inversiones privadas, únicas capaces de crear riqueza y consecuentemente, generadoras de empleo, facilitando su implantación con incentivos adecuados y acordes con la legalidad, y no como hasta ahora, que nuestro Ayuntamiento las espanta, porque o “no lo ven” o por la lentitud administrativa que hace a más de un inversor huir de nuestra ciudad para refugiarse en otras ciudades de nuestro entorno, donde parecen que son más ágiles administrativamente.

No podemos exigir a las iniciativas inversoras que puedan instalarse en nuestra ciudad que sus necesidades de contratación de personal sean satisfechas con desempleados portuenses porque iría contra la libertad de circulación de trabajadores derivada del derecho europeo, pero estamos convencidos que serán sensibles con uno de los problemas más acuciantes en nuestra ciudad, el desempleo.

Es necesario impulsar la formación y reciclaje de los trabajadores, y en particular de los trabajadores en situación de desempleo, de forma que puedan reintegrarse en el mundo laboral. En cuanto a los nuevos emprendedores y pequeñas empresas, el Ayuntamiento debe convertirse en su “socio”, desgraciadamente no capitalista por las dificultades económica que antes hemos señalado, pero si tutelando institucionalmente y facilitando la puesta en marcha de sus ideas.

Discrepamos del término “subvención” porque a nuestro juicio tiene una componente ideológica negativa en el sentido de “La Administración está obligada a….”. Preferimos apostar por proyectos de utilidad social basado en criterios objetivos y no arbitrarios que reviertan a un amplio grupo de la población, y en el caso que nos ocupa, los desempleados portuenses, tendrían prioridad sobre otras cuestiones.

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