La Coordinadora de Andalucía Por Sí en El Puerto ha mantenido un encuentro con la Coordinadora de Viviendas incluidas en las ARGs en el Plan General, COAVE. En el mismo y como asunto más preocupante se ha planteado la situación que puede darse en la ciudad con el desarrollo del Plan y con la regularización de las viviendas, mientras en paralelo “no se ha trabajado, ni planificado la conexión con los sistemas generales, y lo más alarmante es la falta de participación de la empresa municipal Apemsa, a la que los responsables municipales no están incluyendo en las reuniones de trabajo”.

Para el coordinador de AxSí en El Puerto, Antonio Jesús Ruiz, “con el Plan General aprobado, incluso con la ordenación completa de 17 de las 39 ARGs que se plantean en el desarrollo urbanístico de la ciudad, este equipo de Gobierno ha sido incapaz de desarrollarlo, incapaz de concretar y planificar la programación de los diferentes desarrollos con la necesaria conexión con los sistemas generales que les permita tener licencias de ocupación y con eso los suministros básicos necesarios para una vivienda”.

Para Ruiz “resulta curioso que la modificación de la Ordenanza de la Regularización de las ARGs, que fue aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal, pase a ser un documento en el que el Ayuntamiento se convierte en un asustaviejas, recordando y obligando, o incluso apuntando la parte más punitiva de la LOUA a los vecinos y no yendo de la mano con ellos en lo que debe ser una oportunidad para el desarrollo de la ciudad y la solución a un problema que ya viene de lejos”.

El coordinador en El Puerto de AxSí concluye: “Una vez más, comprobamos el doble discurso de los responsables políticos de la ciudad, el Gobierno De la Encina, que en la oposición planteaban propuestas que en la actualidad y bajo su responsabilidad no son capaces de ponerlas en marcha”. “Ocurre con las multas coercitivas: en la oposición reclamaban la paralización de expedientes y ahora desde el Gobierno son los que más expedientes sancionadores abren, llevando a muchos vecinos a una situación rocambolesca. Por un lado, les imponen multas coercitivas para el derribo de sus viviendas y, por otro, les obligan a integrarse en la Junta de Compensación para ir abonando la regularización de sus viviendas”, finaliza.