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iDental: segundo expediente al inspector que alertó del fraude

La Consejería de Salud abre un nuevo procedimiento al instructor que recomendó cerrar las clínicas, al tiempo que le amplía también el primero, aún abierto

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  • Cínica cerrada de iDental. -
  • Ahora le acusa de dos infracciones “muy graves” que podrían acarrear su “despido”
  • Aún está abierto el expediente que le abrió en junio, y que se acaba precisamente de ampliar
  • El escándalo llega ya hasta el Ayuntamiento de Sevilla, donde Espadas deberá dar explicaciones al Pleno sobre las clínicas

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía le ha abierto un nuevo expediente disciplinario al médico inspector que le advirtió durante meses de las irregularidades que se estaban cometiendo en las clínicas iDental de Sevilla por dos presuntas infracciones que, según le advierte, son “muy graves”.

En dicho informe, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Viva Sevilla, se señala que dicho inspector podría haber incurrido en un “notorio incumplimiento de las funciones esenciales a su puesto de trabajo, en “publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tenga o haya tenido acceso”, así como en “desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior”.

El expediente, incoado con fecha 31 de octubre, detalla además que las faltas “muy graves” anteriormente descritas pueden acarrear la “separación del servicio”, “despido disciplinario”, “suspensión firme de funciones”, un “traslado forzoso” o incluso un “demérito o penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria”.

Este expediente es el segundo que se le abre al mismo inspector. El primero, cuyo contenido también desveló Viva Sevilla a finales de julio, y que actualmente se encuentra en fase de instrucción, ya atribuía al funcionario afectado otras dos presuntas faltas: “desobediencia a las órdenes de un superior” (ésta repetida en el segundo expediente ahora iniciado) y la “grave desconsideración” con estos. Dos infracciones que se tipificaban como “muy grave” y “grave”, respectivamente.

La incoación del segundo pliego de cargos contra el inspector se ha producido, de hecho, con el primer expediente todavía abierto. De hecho, cuando el procedimiento estaba ya listo para resolución, una vez recabados ya los informes, pruebas y declaraciones testificales solicitadas, Salud ha decidido ampliar el procedimiento citando a nuevos testigos y notificando al afectado las nuevas diligencias, algo que podría desembocar en la atribución de nuevos cargos al afectado.

Se trata del mismo técnico de Salud que el año pasado, y durante meses, remitió a sus superiores en la Delegación Territorial de Sevilla exhaustivos informes alertando de los “graves perjuicios” que estaba provocando iDental a sus pacientes, así como de las deficiencias y carencias que presentaban sus dos centros ubicados en Sevilla.

Advertencias

El último aviso fue en diciembre del año pasado, con información detallada sobre pacientes afectados, uno por uno. Advertencias ante las que Salud decidió no actuar de ningún modo: ni cerrando preventivamente las clínicas, ni adoptando medida cautelar alguna, o ni siquiera tramitando un expediente sancionador, tal y como planteó reiteradamente el inspector ahora investigado por sus propios superiores.

Se da la circunstancia añadida de que los dos centros que iDental abrió en Sevilla (Cartuja y Nervión) operaron sin contar ninguno con las licencias necesarias, según denunció Participa Sevilla recientemente.

De hecho, la formación acaba de presentar una moción en el Ayuntamiento de Sevilla para que el alcalde, Juan Espadas, dé explicaciones sobre cómo pudieron ambos centros abrir sin haber obtenido los permisos por parte de Urbanismo.

Hasta Bruselas

Mientras tanto, una comitiva de unos treinta afectados por iDental de las diferentes Comunidades Autónomas han mantenido recientemente en Bruselas, con representantes de la Eurocámara y de la Comisión Europea, distintos encuentros con el fin de alertar sobre su situación.

Además, en ellos se ha conseguido arrancar el compromiso para que el Gobierno europeo se inicie una investigación para dilucidar si se han vulnerado directivas comunitarias sobre derechos de los consumidores.

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