La decisión de Felipe VI activa el reloj de plazos hacia la investidura o nuevos comicios

La designación por parte de Felipe VI de Alberto Núñez Feijóo como candidato a presidir el Gobierno activa el reloj institucional de los plazos para la sesión o sesiones de investidura o, si fuera necesario, para la repetición de elecciones.

A efectos prácticos el hecho de que tras la primera ronda de contactos haya salido un primer candidato supone que comienzan a contar los únicos plazos que establece la Constitución una vez constituidas las nuevas Cortes.

En su artículo 99 la Carta Magna establece que si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato obtiene la confianza de la cámara, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones, que se celebrarán 47 días después.

Sin embargo, la Constitución no dispone cuánto tiempo tiene que pasar entre que el rey propone candidato hasta que éste defiende su candidatura en el hemiciclo.

Es la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la que deberá establecer la fecha de la investidura. Antes, como ella misma ha anunciado al comunicar el nombre del candidato, llamará a Feijóo para saber su opinión y tomar la decisión más adecuada.

Una fecha que es, de facto, la que marcaría el día a celebrar elecciones si fuera necesario repetirlas.

Sobre cuál podría ser el día elegido por Armengol, el líder del PP ha dado alguna pista al defender tiempo para hablar, porque "hacer una investidura sin hablar con los grupos supondría un formato no parlamentario" e implicaría "desigualdad" respecto a otros aspirantes.

Armengol no ha querido pronunciarse sobre esta petición aunque si se ha mostrado dispuesta a facilitar las negociaciones.

Lo que sí estaría claro es que si se quieren dejar despejadas las navidades ante una hipotética convocatoria electoral el debate de investidura debería celebrarse la última semana de agosto o ya dejarlo para finales de septiembre.

Así se alejaría el peligro de unos comicios en fechas tan señaladas, una amenaza que ya se contempló en 2016 y obligó a modificar la ley electoral para reducir la campaña electoral de 15 a 8 días.