Aunque las decisiones que dicta tras escuchar las quejas ciudadanas no obligan al Ayuntamiento a enmendar el error cometido, sí que logra mediar, acelerar el proceso en la medida de lo posible y hacer ver a los mandatarios que sus actuaciones y decisiones, muchas veces, le amargan la vida a los ciudadanos. Manuel Rodríguez, el mensajero de los lamentos onubenses, hace balance para Viva Huelva de sus tres primeros años en el cargo, señala a dónde se dirige la mayoría de los descontentos de los onubenses de a pie, defiende la utilidad de su servicio, y explica en qué consiste y cómo funciona su diplomática labor.

Casi tres años en esta función, ¿Qué balance nos puede ofrecer?
–Considero que es un balance tremendamente positivo, fundamentalmente para la mayoría de los ciudadanos que han acudido a la oficina al tener cualquier problema con el Ayuntamiento. Está siendo una herramienta útil para los que nos han visitado, ya que casi el 70% de los expedientes que hemos abierto han terminado dándole la razón al ciudadano. Esta oficina está sirviendo de intermediación entre la ciudadanía y el Ayuntamiento de Huelva, y muchos de los asuntos que se nos han planteado se han resuelto, se han solucionado favorablemente. Somos una china en el zapato de la administración.

Cuando usted habla de solucionar favorablemente una queja, ¿a qué se refiere?
–Me refiero a darle la razón al ciudadano, y que el Ayuntamiento termina asumiendo de alguna manera la reclamación que le efectuamos desde la oficina.

¿El onubense se queja con razón o se queja de vicio?
–Muchas veces, evidentemente que sí se queja con razón. Ya te digo, casi un 70% de las quejas planteadas. Hay más ciudadanos que se quejan con razón que sin ella, que también los hay.

¿Y el Ayuntamiento os echa cuenta?
–Evidentemente. Hay un reglamento. Nosotros somos una institución independiente del Ayuntamiento, donde hay un reglamento aprobado por el pleno. El Ayuntamiento está obligado a darnos todos los datos e informes que creamos convenientes. Lo único es que no vincula. Es decir, nosotros podemos tomar una resolución, darle la razón al ciudadano, y el Ayuntamiento no tiene que asumir y llevar a cabo obligatoriamente esa resolución. Pero la mayoría de las veces lo hace.

¿Cree usted que las quejas que ustedes tramitan se acumulan en las mesas de los diferentes departamentos del Consistorio?
–Debe ser algo prioritario, ya que detrás de cada queja hay un problema social, un problema humano. Están obligados a responder al plantemaniento. Normalmente se viene actuando con celeridad, pero se podía tramitar más rápido, con mucha más exigencia. Pero bueno, en la medida de las posibilidades que tiene el Ayuntamiento, se viene tardando en la tramitación de un expediente unos 50 días. Ya nos gustaría reducirlo a un mes, pero además de que la administración debe contestar con más celeridad, haría falta más personal en nuestra oficina. Hay el triple de quejas que cuando empezamos, y el mismo personal. El reglamento establece que el Ayuntamiento tiene diez días para contestar, pero eso no se cumple, lo cual retrasa la resolución final.

¿Dónde están los mayores errores, negligencias o despistes en este Ayuntamiento?
–Donde más quejas se han venido produciendo han sido hacia Urbanismo, casi un tercio de todas las quejas. Infraestructuras es otra de las delegaciones que más quejas recibe. La tercera está a caballo entre lo que es tráfico y movilidad y seguridad ciudadana. Después estaría Medio Ambiente. También el defensor actúa de oficio, es decir, si observamos una anormalidad en el funcionamiento de cualquier departamento o cualquier situación de la ciudad, presentamos una recomendación, sugerencia o inicativa ante el Ayuntamiento para que se corrija. Podemos actuar como un control de calidad de carácter público y democrátitico en las diferentes actuaciones de los distintos departamentos.

¿Tiene Huelva mucho que defender ?
–Todas las ciudades tienen mucho que defender. En todas las administraciones, sea estatal, autonómica o local, se cometen errores, y esos errores se pueden resolver, y la mejor forma es que haya una institución, una persona, que defienda los intereses del ciudadano. Esta figura viene a profundizar en la democracia participativa.

Según lo que usted ha percibe en las personas que vienen a verlo, ¿Cuál es el gran problema que tiene ahora mismo el ciudadano de Huelva?
–El gran problema es el paro. Son muchos los ciudadanos que me vienen a manifestar que las administraciones públicas gestionen bien los recursos para que se pueda crear riqueza y puestos de trabajo. Hay muchos ciudadanos que están desesperados, sobre todo cuando el banco les quita la vivienda. Evidentemente, desde la oficina del defensor es muy difícil poder hacer algo, pero los ciudadanos se agarran a cualquier solución posible, y vienen al defensor procurando que actuemos para conseguir un empleo o para conseguir un lugar donde poder vivir.

Supongo que serán muchos los casos en los que sentirá mucha impotencia...
–Muchos. No poder solucionar estos problemas es una de las mayores frustraciones. Los ciudadanos no se quejan por gusto. Es una frustración no tener en nuestra mano el ofrecer a los ciudadanos dos derechos constitucionales, el trabajo y la vivienda. Estamos viendo que no se está cumpliendo con el derecho a tener un trabajo y una vivienda digna. Son las dos grandes frustraciones. Muchas familias normalizadas, al perder el trabajo y la vivienda, la vemos en los comedores sociales, sin ayuda de ninguna institución.