Concretamente, se llevará a aprobación inicial el proyecto de esta ordenanza, por la que se regula la posibilidad de que familias con graves dificultades sociales accedan a una vivienda protegida, sin que para ello sea necesario su paso, mediante sorteo, por el Registro de Demandantes, que es un requisito imprescindible, como ha explicado el delegado municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado.
Asimismo, esta normativa establece la coordinación de las áreas de Bienestar Social, Igualdad, Accesibilidad y el propio IMV, los cuales formarán una comisión de valoración que estudiará los casos de las familias que acudan a los centros sociales comunitarios, determinando así el grado de urgencia y de prelación para la adjudicación de una vivienda.
Además, contribuirá a favorecer la permuta de viviendas a familias con dificultades de accesibilidad por otra propiedad del IMV, que le permita adquirir unas condiciones de habitabilidad adecuadas a su situación, según ha indicado el concejal de Accesibilidad y Movilidad, Raúl López, en un comunicado.
Los criterios y requisitos para acceder a esta propuesta son tener discapacidad con movilidad reducida y vivienda en propiedad, la cual cederá su uso y disfrute al IMV a cambio de otra municipal adaptada, o permutar directamente su propiedad por otra municipal adaptada, previo ajuste o identidad de valores entre ambas.
Para ello también se creará una comisión de valoración entre el Instituto Municipal de la Vivienda y el Área de Accesibilidad, que determinará el grado de urgencia y prelación de estas situaciones que puedan presentarse.
ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA
Con el objetivo de favorecer a los emprendedores y autónomos, el IMV elevará al Consejo Rector una oferta de locales en alquiler con opción a compra, en una de las zonas de mayor expansión de la ciudad de Málaga, Soliva, situada entre el Cónsul y el Puerto de la Torre.
Se trata de más de 100 locales, que van desde los 30 a 1.400 metros cuadrados y desde 300 euros mensuales, que, como novedad, se ofrecen a la venta después del décimo año, deduciéndose el 50 por ciento de lo que haya abonado por el alquiler hasta esa fecha.
Asimismo, el Ayuntamiento propondrá la firma de un convenio de rehabilitación sostenible con el objetivo de crear un sistema integral para el desarrollo de proyectos de rehabilitación donde se potencie el respeto al medio ambiente. A este proyecto ya se han adherido las universidades de Málaga, Sevilla, la Politécnica de Madrid y el Instituto Eduardo Torroja.
Además, el Consejo Rector abordará la modificación de créditos y cambio de finalidad entre inversiones de actuaciones por un importe de unos cuatro millones de euros, de los que 948.000 euros se destinarán a impulsar nuevos proyectos de rehabilitación. El resto se asignará a diversas obras en marcha, a obtener suelo por expropiación para VPO y para obras de urbanización.
