En un auto de 50 folios, al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6 de Sevilla recuerda que las ayudas investigadas que requerían de aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la Junta necesitaban la "previa autorización" del titular de Economía, que en las fechas investigadas eran Griñán y la actual consejera, Carmen Martínez Aguayo.
Se investiga "la concesión ilícita de ayudas públicas durante más de una década, ya por la total carencia de procedimiento, ya por la concesión a determinadas personas", recuerda el auto, que cita una nueva línea de investigación que "pone de manifiesto la existencia de un determinado número de empresas que se habían beneficiado de manera ilícita de numerosas subvenciones".
La juez requiere a la Junta, entre otros, la vida laboral, listado de trabajadores y las ayudas oficiales percibidas por la empresa Minas de Aguas Teñidas (MATSA), donde trabajaba una hija de Manuel Chaves, expresidente de la Junta y vicepresidente del Gobierno.
Ello con independencia de la información general requerida sobre la Franja Pirítica de Huelva y el cierre de las Minas de Riotinto, de Almagrera, Navan Resources, Filón Sur y Nueva Tharsis, así como las ayudas concedidas por cualquier consejería a Tharsis, Minas de Cala y Mina Las Cruces.
Mercedes Alaya expresa su sospecha de que las ayudas ilícitas hayan beneficiado a "otros grupos empresariales", por lo que la solicitud de información se hace extensiva "de manera especial a la Dirección General de Fondos Europeos", ahora dependiente de Economía.
También pide copia de todas las resoluciones de ayuda del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y su sucesora Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y que se identifique a sus directores y secretarios generales desde 2007 a la actualidad.
La juez enumera una serie de empresas que recibieron ayudas por encima de los 1.200.000 euros, entre ellas Santana Motor, la Franja Pirítica de Huelva, Altadis, Dhul, Pickman, Primayor, Astilleros de Sevilla, Cydeplast o Delphi.
Asimismo, ordena comunicar sus derechos como imputado a Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado provincial de la Consejería de Trabajo en Sevilla y beneficiario de la póliza de Calderinox.
El PP, personado como acusación, había pedido la imputación de diversas personas y la declaración de varios testigos, si bien la juez responde que se hará "según avance la investigación policial encomendada sobre esos extremos".
El auto recuerda que en 2002 se acordó un Plan Único del Gobierno Central para paliar la crisis de la Franja Pirítica en Huelva y Sevilla, por lo que dado que entonces el PP ocupaba el Gobierno de la nación, solicita dicho documento al secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, con objeto de que "conste a la mayor brevedad en la causa" al estar ya personado.
