La representación legal de la Junta de Andalucía va a recurrir el auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con fondos autonómicos, en el que reclama las autorizaciones del "titular de la Consejería de Economía y Hacienda", actualmente en manos de Carmen Martínez Aguayo y antaño de José Antonio Griñán, sobre operaciones de endeudamiento relacionadas con 21 empresas por considerar que constituye un "error de bulto en la instrucción" al dar "por buena una teoría absolutamente infundada del PP-A".

Así lo ha anunciado este miércoles la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, en rueda de prensa, en la que ha expresado la "total disconformidad y malestar" del Gobierno andaluz con la decisión de la juez de "dar curso" a la petición "sin fundamento" formulada por la "parte procesal del PP-A", que se refiere "a una supuesta obligación de una autorización por parte del titular de la Consejería de Economía y Hacienda que realmente no existe". "Griñán no autorizó ni tenía que autorizar ninguna de las autorizaciones que se están investigando", ha subrayado.

La titular andaluza de la Presidencia ha hecho especial hincapié en el "evidente repercusión pública absolutamente infundadada" que tiene el auto dictado por la juez "contra la Junta de Andalucía y contra su presidente", José Antonio Griñán, por una "interpretación sin fundamento jurídico alguno" basada en la petición formulada por la representación legal del PP-A y ha lamentado que, "con independencia de la voluntad" de la juez Alaya, el caso está siendo "utilizado políticamente por el PP-A".