Los Veintisiete tratarán además de acordar una reforma de los Tratados, exigida por Berlín y París, con el fin de introducir un nuevo pacto de disciplina fiscal. Este pacto fue reclamado la semana pasada por el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, que dio a entender que si los jefes de Estado y de Gobierno lo aprueban, incrementará la compra de bonos españoles e italianos.
El Consejo Europeo, que comienza con una cena a las 19:30, irá precedido de una reunión de la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, con Draghi. En el encuentro participarán además los presidentes del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy; la Comisión, José Manuel Durao Barroso; y el Eurogrupo, Jean-Claude Juncker.
La cumbre supondrá la despedida del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de la escena internacional. Zapatero defenderá en Bruselas que España cumplirá los objetivos de reducción de déficit pactados con la UE, según ha acordado con su sucesor, Mariano Rajoy.
Barroso ha reclamado a los líderes europeos decisiones "enérgicas" en el Consejo Europeo para resolver definitivamente la crisis de deuda que resulten "creíbles" para los mercados. En contraste, Alemania ha rebajado las expectativas sobre la cumbre, ha insistido sobre la reforma del Tratado y ha expresado su rechazo a las propuestas de Van Rompuy para combatir la crisis a corto plazo, en particular el aumento de la dotación del fondo de rescate.
El presidente del Consejo Europeo pide ampliar el fondo de rescate más allá de los 500.000 millones de euros previstos como máximo en la actualidad. Este incremento se lograría combinando la potencia del actual fondo temporal y la del mecanismo de rescate permanente, cuya entrada en vigor se adelantará de 2013 a 2012.
Además, Van Rompuy propone otorgar al mecanismo permanente licencia para convertirse en una institución de crédito, lo que le permitiría acceder a financiación del BCE como cualquier otra entidad y multiplicar así su potencia de actuación mediante el apalancamiento. Esta idea había sido defendida por Francia pero Alemania mantiene su rechazo.
Finalmente, el fondo permanente podrá recapitalizar bancos de forma directa y no a través de ayudas a los países, lo que beneficiaría a España si finalmente el futuro presidente, Mariano Rajoy, decide pedir ayuda para tratar los activos inmobiliarios; y la decisión de activarlo podría tomarse por mayoría cualificada del 85% y no por unanimidad como estaba previsto, aunque Finlandia se opone y quiere mantener su derecho de veto.
La ampliación del fondo permanente se considera esencial después del fracaso de los planes de apalancar el mecanismo actual hasta llegar a un billón de euros, debido a la falta de interés de los inversores extranjeros. Aunque el BCE intensifique su intervención para estabilizar el euro a corto plazo, Draghi ha insistido en que su actuación sólo puede ser temporal y limitada y el fondo permanente debería asumir el relevo.
Los líderes europeos dejarán claro tras el Consejo Europeo que el caso de Grecia -a cuya deuda se ha aplicado una quita del 50%- es "único" y "excepcional" y que en el futuro no se pedirá a la banca que asuma pérdidas sobre los bonos de los países de la eurozona o sólo se hará siguiendo los criterios del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este compromiso se considera "clave para restaurar la confianza de los mercados".
Finalmente, reclamarán aumentar los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante préstamos bilaterales para que pueda colaborar en la resolución de la crisis de deuda.
DISCIPLINA FISCAL Y EUROBONOS
Para lograr el "pacto fiscal" que reclama el BCE y contentar al mismo tiempo a Francia y Alemania, Van Rompuy ha propuesto una reforma de los Tratados en dos fases. La primera se basa en la reforma de un protocolo del Tratado y podría aprobarse rápidamente por unanimidad de los líderes europeos, sin necesitar ratificación en todos los Estados miembros.
En esta reforma acelerada se incluiría la obligación de los Estados miembros de alcanzar el déficit cero en un plazo que tendría que definir la Comisión (Francia ha propuesto que sea en 2016); y de introducir en sus Constituciones una 'regla de oro' que consagre el equilibrio presupuestario, como ha hecho España. Al Tribunal de Justicia de Luxemburgo se le darían nuevas competencias para controlar que las 'reglas de oro' nacionales se ajusten a lo que exige la UE.
En una segunda fase se llevaría a cabo una reforma en profundidad de los Tratados, que sí exigiría ratificación y tardaría varios años en completarse. El primer ministro británico, David Cameron, ha amenazado de que vetará cualquier reforma en profundidad que no incluya nuevas garantías para Londres de que respetará sus prerrogativas en materia de regulación de los servicios financieros. Pero Merkel y Sarkozy han dejado claro de que si algún país se opone, impulsarán un Tratado alternativo que cubra sólo a los países de la eurozona.
En la reforma en profundidad se introducirán sanciones automáticas a los países endeudados, como exigen Merkel y Sarkozy, y se darán nuevos poderes a la UE para pedir cambios en los presupuestos nacionales de los países con problemas.
Como contrapartida a esta mayor disciplina fiscal, Van Rompuy ha propuesto abrir la puerta a una emisión conjunta de la deuda por parte de los países de la eurozona "a largo plazo", en varias fases y cumpliendo determinados criterios, algo que rechazan Berlín y París pero que reclaman España o Italia.
También propone que la eurozona avance hacia una mayor convergencia en materia de mercado laboral, pensiones e impuestos mediante una "cooperación reforzada".
Dado que las propuestas de Van Rompuy contienen todas las exigencias de París y Berlín, no se esperan grandes problemas para aprobar el pacto fiscal. La incógnita que queda por despejar en la cumbre es si la reforma será a 27 o a 17, aunque en el gabinete del presidente del Consejo Europeo se avisa de que sería complicado hacer un Tratado que cubra sólo a los países de la eurozona porque quedarían fuera instituciones comunitarias como el Tribunal de Luxemburgo o la propia Comisión.
