Tussam ha recordado que cuenta con su correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Laborales
La empresa municipal de transportes de Sevilla (Tussam) ha presentado alegaciones tras la propuesta de sanción de 2.046 euros realizada por la Inspección de Trabajo por infracción grave en grado mínimo tras el accidente laboral sufrido por un trabajador que cayó a un foso de reparación de vehículos, señalando que el ente ha adoptado todas las medidas posibles para reducir "al mínimo" los riesgos.
Según han informado a Europa Press fuentes municipales, frente al accidente --acontecido el 8 de noviembre de 2011 y mediante el cual uno de los empleados cayó desde la cota cero a la fosa, situada a -1,6 metros, con el resultado de que se fracturó ambas piernas--, Tussam ha recordado que cuenta con su correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
Señala la empresa que la evaluación de riesgos realizada por una sociedad de prevención externa valora entre los factores de riesgo para la zona de montadores del taller las caídas a distinto nivel y propone medidas técnicas relativas a señalización de seguridad en la zona, al estado de las escaleras y a condicionar la autorización para realizar trabajos en dicha zona a la formación y aptitud médica del empleado, sin que se incorpore como medida técnica la colocación de barandillas.
Los fosos donde se produjo el accidente son ocupados de manera sucesiva por los vehículos a reparar y las intervenciones en los mismos se producen tanto en la zona inferior como en el lateral, frontal, trasera y techo de los autobuses, por lo que la presencia de barandillas "haría imposible su ejecución", subraya Tussam, que defiende que facilita a todos sus trabajadores "formación e información suficientes para la prevención de riesgos laborales"; en el caso concreto de este trabajador, dicha formación incluía el riesgo de caída a distinto nivel.
La empresa concluye indicando que actualmente se esta analizando un sistema de protección en fosas, realizado por una empresa especializada, basado en la instalación de una red y del que ya se ha instalado una prueba.
Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla, se abre un plazo de seis meses en el cual podría dictarse la pertinente resolución.