El conjunto de las administraciones públicas cerró 2011 con un déficit de 91.344 millones, el 8,51 % del PIB, frente al 6 % previsto por el anterior Ejecutivo, ha anunciado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

En conferencia de prensa, Montoro ha informado de los déficit que registraron el pasado año el Estado, el 5,10 % del PIB (frente al 4,8 % previsto), las comunidades autónomas, el 2,94 % (frente al 1,3 % pronosticado) y las entidades locales, el 0,38 % (frente al 0,30 % previsto).

Por su parte, la Seguridad Social acabó el año con un déficit de 995 millones de euros, el 0,09 % del PIB, mientras que el objetivo auguraba un superávit del 0,4 % del PIB.

A su juicio, esta desviación de la Seguridad Social es "inquietante", porque se está hablando del sistema público de pensiones" y ha insistido en que hay que sanearlo mucho más.

Montoro ha señalado que estos datos confirman que el desequilibrio de las cuentas públicas ha sido superior en 2,51 puntos porcentuales al objetivo de consolidación fiscal del 6 % comprometido el pasado año por el Gobierno español ante la Comisión Europea.

El ministro ha destacado que el Gobierno enviará en breve estos resultados a la Unión Europea (UE).
Montoro no ha querido responsabilizar del desvío del déficit a las comunidades autónomas y ha dicho que ha habido una falta del Gobierno central de "inaplicación" de parte del sistema de financiación autonómica.

"No hay que echar la culpa a nadie, hay que echar la culpa al país, ya que todos somos comunidades autónomas", ha recalcado.

Ha destacado: "el responsable es España y el Gobierno se hace responsable de estos controles"
En cualquier caso, ha incidido en que si se quiere buscar otro responsable que se mire "a quien habitaba esta casa antes", porque los que hablan ahora no hacían ni los presupuestos ni la política que han llevado a esta situación.

En este sentido, ha reiterado que lo que hay que arbitrar es un sistema para ver cómo se financian los servicios públicos con independencia de la administración que los gestiona.

Además, ha insistido en la importancia de la ley de estabilidad presupuestaria para controlar las instituciones y evitar situaciones de déficit y de incumplimiento de objetivos, incluso, ha añadido, para instituir sanciones e intervenciones en los supuestos de reiterados incumplimientos de déficit público.

Montoro ha asegurado que el compromiso del Gobierno es una reducción del déficit público lo más rápidamente posible porque conviene para el crecimiento, para crear empleo "y como país".

El ministro ha subrayado que el Ejecutivo quiere hacer una política presupuestaria realista.