El Gobierno ha decidido congelar las retribuciones de los altos cargos del Gobierno, de sus órganos consultivos, de la Administración General del Estado y otro personal directivo, que cobrarán lo mismo que a 31 de diciembre de 2011.
Así, el sueldo del presidente del Gobierno será de 78.185,04 euros anuales; el de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de 73.486,32 euros, y el de los ministros, de 68.981,88 euros.
El Gobierno de Zapatero acordó en el año 2010 bajar las retribuciones de los altos cargos un 15 por ciento, por lo que el presidente pasó de cobrar 91.982 euros a 78.185 euros, cantidad que ahora permanece congelada.
Como es habitual, los salarios de los miembros del Gobierno son más bajos que los de otros cargos de altas instituciones del Estado, excepto el presidente del Consejo de Estado, que tendrá una retribución de 77.808,96 euros.
Sin embargo, para el presidente del Consejo Económico y Social se han asignado 85.004,28 euros.
Los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas también tendrán congelados sus salarios.
Así, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, seguirá cobrando 130.000 euros, que es el alto cargo con el mayor sueldo.
Los vocales del CGPJ, por su parte, percibirán 112.249 euros cada uno, y el secretario general, 109.662.
Respecto al presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, la partida asignada es de 129.271 euros, algo superior a la del vicepresidente, que cobrará 121.865 euros.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tiene una asignación de 113.838 euros, en doce mensualidades y sin derecho a pagas extraordinarias.
Los presidentes de Sala del Tribunal Supremo y el de la Audiencia Nacional percibirán 109.779 euros, distribuidos en 27.518 euros percibidos en catorce mensualidades y otros 82.261 euros distribuidos en doce mensualidades.
En la Presidencia del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez va a cobrar también lo mismo que el año pasado, es decir, 112.578 euros, el mismo salario que los consejeros de este órgano consultivo.
Por otro lado, el coste de la actividad legislativa experimentará en 2012 un recorte global del 4,6 por ciento, derivado de los descensos en los presupuestos del Congreso y el Senado, junto al capítulo de Cortes Generales, Defensor del Pueblo y Junta Electoral Central (JEC).
Todo ello supondrá para las arcas públicas 206,6 millones de euros, 10 millones menos que el año pasado.
