Los agentes han comenzado a contestar a las preguntas del fiscal, detallando el análisis que hicieron de los archivos informáticos incautados en la sociedad Maras Asesores, que contienen, según las acusaciones, el reflejo de los pagos y cobros de Roca a través de iniciales. Han indicado que en un primer estudio vieron en una cuenta con el nombre de 'Ayuntamiento' que "muchos de los nombres que aparecen reflejados se corresponden con las iniciales de concejales y personas afectas a la junta de gobierno".
"Es como si tuviéramos las iniciales de los jugadores del Real Madrid y arriba pusiera Real Madrid", ha indicado uno de los investigadores, insistiendo el otro agente en el símil futbolístico: "si yo veo IK, SR, MA, PP, etc, y resulta que lo que tengo son 12 ó 13 personas y arriba pone Real Madrid, puedo decir que IK es Iker Casillas y SR es Sergio Ramos". Han añadido que algunos sobres estaban innominados, pero en ellos aparecía la palabra 'conce', que asocian con 'concejal'.
Además de la identificación de los exediles como supuestos perceptores de dinero, han explicado que se empezaron a analizar las supuestas aportaciones que aparecían en los archivos. Han indicado que se les encargó comprobar "la veracidad de cada una de las anotaciones" y poner en relación los supuestos pagos efectuados por promotores o empresarios con las salidas de fondos o sobres, para lo que paralelamente se analizaron documentos en papel que habían sido intervenidos en los registros.
Los agentes han indicado que se trató de identificar a los aportantes "verificando si existían resoluciones municipales favorables a éstos", así como a los receptores de los sobres "haciendo investigaciones patrimoniales", poniendo en relación "la fecha de la recepción de los sobres con las fechas de las resoluciones favorables a los aportantes". A veces, las menos, en los archivos directamente aparecía el nombre; en otras, "se deducía" de otros documentos.
Han indicado que "no es un reparto equitativo", de forma que la exalcaldesa, Marisol Yagüe, y los tenientes de alcaldes, Isabel García Marcos y Carlos Fernández --fugado-- reciben más cantidad. Entre las anotaciones ratificadas están la referente a supuestas entregas de Aifos para dos convenios, reflejándose en las salidas una cantidad a un hombre, que es un cirujano plástico, "dádiva" que, tras las averiguaciones, se relacionó con Yagüe y con la operación a la que se sometió. "De otra forma no se puede que el señor Roca tenga anotada esa operación", han dicho.
Han indicado que en los sucesivos análisis vieron "cuestiones que repudiaban a la lógica", como, por ejemplo, aprovechamientos urbanísticos de la Milla de Oro de Marbella que se permutaban por vertederos; y han indicado que la forma de investigar los motivos de los pagos fue a criterio del juez instructor y del fiscal. Han señalado que tuvieron en cuenta "la cercanía del pago con la resolución identificada a favor del aportante" y han precisado que la casuística es variada".
En este sentido, han indicado que los pagos obedecen "a veces a un solo convenio o a varios, a una relación jurídico privada, a licencias de obra o de primera ocupación o a todo un procedimiento administrativo". Han añadido que en ocasiones son "simples omisiones, como no reestablecer la legalidad urbanística, dejar que pasen los plazos para que opere el silencio o aportaciones por negocios en común con el señor Roca, que garantiza el éxito porque controla a la corporación municipal".
Asimismo, los investigadores han ido explicando las supuestas aportaciones de empresarios acusados, relacionándolas con las resoluciones urbanísticas obtenidas, como Rafael Gómez 'Sandokán', para obtener "por omisión el resultado querido"; como Carlos Sánchez, que "no es un aportante más" sino que tiene relaciones con Roca y una relación con éste "especial, duradera, prolongada en el tiempo y fuerte", hasta el punto que tiene un archivo informático propio; o José Ávila Rojas.
INTERVENCIÓN Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
Parte de las preguntas del fiscal han sido sobre la cadena de custodia de documentos y archivos informáticos en los casi 40 registros realizados, incluido el de Maras Asesores. Han explicado que en esta sociedad, se hizo un volcado de los ordenadores y se precintaron los soportes físicos y los originales de los archivos, trasladándose todo a la Comisaría Provincial en lugar del juzgado, por motivos de capacidad y por cuestiones de seguridad.
Un día más tarde, han señalado, los informáticos volcaron "la copia en los ordenadores del grupo", con la que comenzaron a trabajar, mientras que los originales siguieron precintados. Han indicado que hicieron los informes sobre los archivos Maras dos meses después de haberse intervenido cuando un funcionario de la Agencia Tributaria se dio cuenta de que existían "dentro de ese maremagnun de datos informáticos que teníamos volcados".
Posteriormente, ha dicho uno de los investigadores, el juez instructor reclama los soportes originales precintados para hacer el desprecinto en presencia de la secretaria judicial y para hacer una segunda copia. Ha apuntado que en ese momento también remitieron una copia en papel y en soporte informático "de nuestra copia", asegurando que en ningún momento se trabajó sobre los originales de los archivos.
