El PP ha elevado al Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla un recurso contra el auto previo que acordaba el sobreseimiento provisional de la segunda querella promovida por los populares, a cuenta del uso gratuito de un local propiedad de Correos y Telégrafos de España como sede de la agrupación socialista de Burguillos. Durante 16 meses, este espacio funcionó como sede de la Agrupación socialista sin que mediasen contraprestaciones, aunque el juzgado no detecta "relación" entre este extremo y la cesión, por parte de este Consistorio entonces gobernado por el PSOE, de un local en favor de la mencionada sociedad estatal.

En su recurso de reforma, recogido por Europa Press, el PP avisa de una "vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva" y de una "indebida aplicación" del artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "La decisión adoptada por el magistrado carece de sustento fáctico y jurídico y, por tanto, no está justificada ni de hecho ni procesalmente la decisión de sobreseimiento provisional de las actuaciones al amparo del artículo 641.1 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal", defiende el PP en su recurso.

Así, el PP reclama la revocación de esta decisión y la reanudación de las diligencias previas, señalando además que "se pretende cerrar la investigación sin haber realizado ofrecimiento de acciones a los perjudicados: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y el Ayuntamiento de Burgillos". También interesa el PP la incorporación a la causa de los hechos relativos al despido de un empleado de la citada sociedad estatal.

Desde el 4 de julio de 2008, hasta octubre de 2009, durante más de 16 meses del pasado mandato, el número 19 de la calle Real, en Burguillos, funcionó como sede de la Agrupación local socialista sin que mediasen contraprestaciones entre las partes. Esta situación motivó una primera querella del PP contra el entonces secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, el ex alcalde socialista de Burguillos José Juan López, su sucesora y entonces regidora, Mariana Pérez González (PSOE), el otrora tercer teniente de alcalde y secretario local del PSOE, José María Fernández, y José Antonio Santos, también concejal socialista.

SEGUNDA QUERELLA

Aunque inicialmente todos ellos fueron imputados, la imputación de Viera fue finalmente retirada a cuenta de la condición de aforado de la que él gozaba como senador. A tal efecto, el PP promovió una segunda querella contra José Juan López, Mariana Pérez González, José María Fernández y Santos, una querella finalmente asumida por el Juzgado de Instrucción número 13 ante posibles delitos de cohecho, malversación de efectos públicos y tráfico de influencias.

Los hechos en cuestión son el uso, por parte del PSOE pero sin contraprestación económica alguna, de un inmueble enclavado en el número 19 de la calle Real de Burguillos propiedad al cien por ciento de Correos y Telégrafos de España, toda vez que el Consistorio había cedido a esta sociedad estatal, previamente, unas dependencias municipales para el funcionamiento de sus instalaciones.

ORDEN DE INCOAR DILIGENCIAS

"Si el escrito de querella no se dirige ahora contra el aforado José Antonio Viera y sí contra personas no aforadas y los hechos pueden ser constitutivos de delito, el escrito de querella y el eventual recurso de apelación debe ser admitido y tramitado", señalaba la Audiencia Provincial para ordenar al juzgado que investigase los hechos aludidos por el PP en su segunda querella.

Recientemente, a través de un auto fechado el 14 de abril de 2012 y recogido por Europa Press, el Juzgado de Instrucción número 13 resolvía sobreseer provisionalmente las diligencias. "De las diligencias practicadas, no se infiere vinculo o relación" entre la situación del número 19 de la calle Real y "la cesión anteriormente realizada a la sociedad estatal por parte del Ayuntamiento de un inmueble municipal".

Y es que en este auto, el juzgado razonaba que el PSOE ocupaba ya el número 19 de la calle Real, antes de que el inmueble fuese adquirido por Correos y Telégrafos de España, merced a un "acuerdo verbal" con los antiguos propietarios del local. Señala pues, el juzgado, "la falta de conocimiento por parte del Ayuntamiento y de la Agrupación socialista sobre la venta a Correos del local" en cuestión.