El Gobierno catalán ha decidido reembolsar mediante transferencia bancaria la tasa del euro por receta a aquellos catalanes que la reclamen mediante un formulario que se puede cumplimentar a través de la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat, después de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera el impuesto y lo declarara insconstitucional en mayo de este año.

   Lo ha revelado a Europa Press el conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, que ha asegurado que "el euro por receta se devolverá", aunque ha concretado que el sistema de retorno de la tasa, que estuvo en vigor desde el 23 de junio de 2012 hasta el 15 de enero de 2013, depende de la Conselleria de Economía y Conocimiento, que se encarga de repartir las partidas entre los distintos departamentos.

   Fuentes del departamento que lidera Andreu Mas-Colell consultadas por Europa Press han informado de que el retorno "no será inmediato, sino que se recogerán solicitudes hasta final de año y luego se verá a qué partida se carga el importe que se deba devolver".

   Ruiz ha concretado que 170 catalanes ya han reclamado el retorno de la tasa desde que el TC la declaró inconstitucional, un procedimiento que debe hacerse a través de la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat, a través de la que los usuarios deben rellenar un formulario oficial.

   En dicho formulario, que cuenta con el sello del Servicio Catalán de la Salud (CatSalud), los usuarios que hayan pagado la tasa durante su periodo de vigencia deben rellenar sus datos personales y bancarios, algo que debe hacer un representante legal en el caso de los menores, discapacitados y pacientes que hayan fallecido.

   En el documento se avisa a los usuarios de que "se comprobará que estén al corriente de sus obligaciones tributarias y que no tengan ninguna deuda con la Generalitat".

45,7 MILLONES
   La Generalitat recaudó 45,7 millones de euros con el cobro del euro por receta desde su implantación el 23 de junio de 2012 hasta su suspensión el 15 de enero de 2013, aunque cifró en 198 millones el coste de suprimir esta tasa, dado que más allá de la recaudación directa preveía ahorros superiores a los 100 millones.

   La tasa se diseñó con un tope máximo por persona para evitar penalizaciones a los enfermos crónicos, aunque los datos demuestran que el 5,5% de la población que más fármacos consume aportó hasta el 32% de lo recaudado, y ello a pesar de que hasta 125.000 personas fueron excluidas del pago del impuesto por considerarse vulnerables.

   El euro por receta generó también quejas entre algunos sindicatos y usuarios de la sanidad, que organizaron campañas de protesta por lo que consideraron una barrera en el acceso a los fármacos, y hasta 40.000 pacientes --unas 6.000 recetas al mes-- se negaron a pagar el euro durante el tiempo que estuvo en vigor, el 0,08% de las recetas que se prescribieron.