El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha dejado en libertad con medidas cautelares al expresidente de la Generalitat Valenciana y Bancaja José Luis Olivas (PP) y ha enviado a prisión a dos exdirectivos de la entidad y dos empresarios tras imputarles delitos de corrupción por los créditos que esta entidad y el Banco de Valencia concedieron para financiar inversiones inmobiliarias en el Caribe, informaron fuentes jurídicas.
El magistrado, que ha interrogado durante toda la jornada a siete de los nueve detenidos en la 'operación Coral', ha decretado la libertad provisional de Olivas a petición de la fiscal Anticorrupción Elena Lorente y tras imponerle la obligación de comparecer dos veces al mes en el juzgado más próximo a su domicilio.
También han quedado en libertad con la obligación de realizar comparecencias periódicas el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra (una vez al mes); y Julián Dolz, director internacional de Negocio de Bancaja (cada 15 días).
CUATRO A PRISIÓN
El juez González también ha decretado el ingreso en prisión eludible con fianza de medio millón de euros para Aurelio Izquierdo, ex director general de Bancaja y expresidente del Banco de Valencia; y José Cortina, ex director general adjunto de la caja.
De igual modo, ha decretado el ingreso en prisión incondicional de los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, propietarios del grupo Mar Confort y supuestos beneficiarios del "trato de favor" dispensado en las operaciones de Grand Coral.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 atribuye indiciariamente a los siete los delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental.
Todos ellos han contestado a las preguntas de la representante del Ministerio Público y de sus defensas, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas presentes en las declaraciones, que continúan bajo secreto del sumario. La Guardia Civil también arrestó este lunes a Rafael Tomás Codoñer y Manuel Setién, miembros del comité de inversión inmobiliaria de Bancaja.
La investigación analiza los préstamos supuestamente fraudulentos que Bancaja y el Banco de Valencia otorgaron al Grupo Grand Coral entre los años 2005 y 2010 para sufragar sus inversiones en México.
MÁS DE 500 MILLONES EN CRÉDITOS
Según la Guardia Civil, los préstamos financieros para seis operaciones inmobiliarias en el Caribe mexicano superaron ampliamente los 500 millones de dólares y ocasionaron un quebranto a las entidades financieros de 250 millones de dólares, según un informe del Banco de España.
Una vez recibida la correspondiente financiación, los adjudicatarios de los créditos desviaron más de 130 millones de dólares a Andorra y Suiza mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales.
La investigación se inició con una denuncia presentada en noviembre de 2013 por Bankia Habitat, que atribuyó a los antiguos administradores de Bancaja y Bancaja Habitat y a los empresarios Ferri y Baldó los delitos de apropiación indebida y administración desleal.
"OBVIO PERJUICIO ECONÓMICO"
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la entidad señala que Bancaja Habitat asumió un riesgo en concepto de financiación que ascendió a 597,24 millones de dólares (sobre un total de 784,41 millones de dólares), de los que ha devuelto 134,12 millones de dólares.
El riesgo que permanecía vivo en esas fechas "como consecuencia de la gestión de los antiguos administradores de Bancaja y Bancaja Habitat" en relación con los préstamos concedidos a Grand Coral alcanza los 467,17 millones de euros. Esta financiación ha tenido que ser provisionada por un importe de 292,84 millones.
Estas operaciones, según la entidad, provocaron un "obvio perjuicio económico" a Bancaja Habitat que se tradujo en "un notorio beneficio económico para" los socios industriales del Grupo Grand Coral, en referencia a Ferri y Baldó.
CRÉDITOS DUDOSOS POR MOROSIDAD
Durante la presidencia de Olivas, Bancaja concedió al menos dos créditos a la sociedad Grand Coral que debieron ser considerados "dudosos por razones de morosidad" desde 2010, ya que la refinanciación aprobada por la entidad "no cumplía con las normas" del Banco de España.
Así consta en el informe pericial elaborado por dos expertos independientes del Banco de España que analizaron la fusión y salida a Bolsa de Bankia, al que tuvo acceso Europa Press, que analiza también el préstamo sindicado de 520 millones de euros que la entidad presidida por Olivas aprobó el 29 de enero de 2010 para llevar a cabo "la refinanciación y reagrupación de la deuda viva" de dos sociedades del Grupo Grand Coral: Playa Paraiso Maya y Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos.
El análisis pericial, que se basa en un informe 'forensic' de auditoría,
señala que Bancaja concedió estos créditos por "la incapacidad de las sociedades del Grupo Grand Coral de hacer frente a los vencimientos de las financiaciones".
El accionariado de Grand Coral estaba formado por Bankia Habitat (40%), Urbanika, SL (10%), Bacavum (sociedad propiedad del Banco de Valencia y la familia Calabuig, 15%), Iljafran (21%) e Inquan (14%). Estas dos últimas sociedades eran propiedad, respectivamente, de los empresarios Ferri y Baldó.
