La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de archivo de la causa solicitada por Luis de Miguel Pérez, presunto cerebro financiero de la trama de corrupción Gürtel y creador de su red de blanqueo de capitales, al considerar que la prescripción de los delitos que esgrime tendrá que resolverse en el trámite de cuestiones previas al juicio oral.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez José de la Mata rechaza la petición de sobreseimiento realizada por el acusado, que se enfrenta a penas de 18 años y medio de cárcel, señalando que resulta "extemporánea" y tendrá que dilucidarse, en todo caso, durante la vista, prevista para comienzos de 2017.
Aunque la representación de De Miguel planteó la prescripción de los delitos como artículo de previo pronunciamiento, trámite que coincide con la calificación de los hechos por parte de acusaciones y defensas, el juez y la Fiscalía Anticorrupción rechazan su pretensión por estar contemplada únicamente para los sumarios (procesos por delitos sancionados con penas privativas de libertad superiores a nueve años) y no para los procedimientos abreviados, como es el caso.
ASESOR FISCAL DE CORREA
De Miguel, abogado especializado en Derecho Fiscal, está acusado de ser el asesor fiscal del presunto líder de la red, Francisco Correa, y el hombre que creó el entramado societario y financiero en el extranjero con el que la trama blanqueó las ganancias supuestamente ilícitas que obtuvo la red con la adjudicación amañada de contratos.
A De Miguel la Fiscalía Anticorrupción le imputa tres delitos fiscales correspondientes al IRPF de 2003, 2004 y 2005, blanqueo de capitales continuado y falsedad documental por las operaciones que realizó en relación con las ganancias obtenidas por la red en los Ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (Madrid) y la Junta de Castilla y León.
En abril de 2013 la Audiencia Nacional le condenó a 21 años de cárcel por asesorar al empresario donostiarra Juan Reparaz a defruadar más de 25 millones de euros a Hacienda. El Tribunal Supremo rebajó en marzo de 2014 la pena a 20 años de prisión por la "parquedad fáctica" que utilizaron los magistrados que redactaron la sentencia de instancia para condenarle por un delito de blanqueo de capitales. Según el alto tribunal, estos no concretaron a qué cuotas se referían o en qué cuentas se depositó el dinero obtenido con la defraudación.
