El Gobierno ha defendido este lunes que no ha influido a la Abogacía del Estado para la acusación de los líderes del procés, después de que la Fiscalía calificara con el delito de rebelión, mientras que la Abogacía del Estado se inclinó por acusar por la sedición.

En una entrevista en COPE, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska se ha mostrado rotundo sobre esta supuesta mediación del Ejecutivo socialista y la ha rechazado de plano, recordando que ha primado un criterio técnico en la decisión del órgano de la Administración.

Marlaska ha defendido que no tienen porqué coincidir las posiciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado y, sobre la influencia del Gobierno en el caso ha querido poner de manifiesto que la Fiscalía ha mantenido el delito de rebelión.

"Hasta hace poco se hablaba siempre de la instrumentalización de los Gobiernos de la Fiscalía. No sé como no se da valor a este Gobierno, en el sentido, de que no puede quedar mas claro y evidente que se ha respetado el trabajo de Fiscalía", ha señalado.

Preguntado si él ve el delito de rebelión en la causa del procés, ha evitado pronunciarse diciendo que corresponde a la sala de enjuiciamiento resolver esta cuestión.

Con respecto a la posibilidad de que los enjuiciados por el procés puedan recibir el indulto, el ministro ha eludido la pregunta asegurando que no le gusta "anticiparse" a los hechos. "Hay que conocer la sentencia y conocer todos los extremos", ha zanjado Marlaska.

ROBLES PIDE NO HACER POLÍTICA DEL JUICIO

En otra entrevista en Tele5, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido, preguntada por el mismo asunto, que "no se puede tratar de utilizar un proceso judicial para hacer política" y ha recalcado que un proceso tiene unas fases procesales provisionales y que, por lo tanto, no puede haber una calificativa hasta que no haya un juicio. "Solo el Supremo puede dictaminar", ha sentenciado.

Robles ha insistido en la "complejidad" de los procesos judicales al inquirirle si la abogacía del Estado ha cambiado de postura con respecto a los posibles delitos que se achacan al Procés, y ha subrayado que, en un Estado de Derecho, las interpretaciones de las leyes "solo les corresponde a los jueces".

"No voy a decir qué creo porque solo le corresponde al Supremo. Una opinión puede ser políticamente aceptable, pero jurídicamente no lo es", ha resumido.