La Plataforma 176 y más, compuesta por Afectados por el Expediente de Regulación de Empleo llevado a cabo el pasado año en el Consistorio, asegura que el equipo de Gobierno popular no llegó a un acuerdo con la Seguridad Social sobre la deuda atrasada, cuantificada en más de 40 millones de euros,  para así justificar económicamente que la situación del Ayuntamiento obligaba a llevar a cabo el despido colectivo.

Los afectados critican que el Consistorio optara por despedir a personal y mermar servicios a ciudadanos. Uno de los hechos probados en el juicio por el ERE fue que la mala situación económica del Ayuntamiento se debía, entre otras cuestiones, a la ruptura del acuerdo de pago con la Seguridad Social, lo que había provocado que se dejaran de ingresar 11 millones de euros de los fondos por la Participación de los Ingresos del Estado, los llamados PIE, en 2012.

Los despedidos aseguran que ya en diciembre de 2011 el edil de Economía y Hacienda, Manuel Aguilar, anunció un avance en las negociaciones con la tesorería para el pago de la deuda atrasada. Pero lamentan que el acuerdo llegue en 2013, un año después de despedir a 176 empleados municipales y más de dos desde que el PP se hizo con la alcaldía.

Para ellos, el pago fraccionado del montante que se adeuda a la Seguridad Social, anunciado este mes por los populares, llega demasiado tarde. Consideran que el Ayuntamiento pudo entonces negociar la deuda evitando así llegar a tener que realizar despidos en la administración.