Once años después del accidente del tren Alvia que acabó con la vida de ochenta personas y dejó más de un centenar de heridos en Santiago de Compostela familiares de las víctimas han vuelto a manifestarse en la capital gallega para denunciar que tanto tiempo después sigue sin haber "justicia ni verdad ni reparación".

Una treintena de personas, entre familiares de las víctimas y heridos en el accidente, se han manifestado este miércoles desde la estación de tren hasta la plaza del Obradoiro para reivindicar la necesidad de que se conozca la verdad de lo sucedido el 24 de julio de 2013.

En declaraciones a los medios, Jesús Domínguez, portavoz de las víctimas del Alvia, ha denunciado que pese a que ya ha pasado casi un año de la finalización del juicio, sigue existiendo “ocultación sobre esta tragedia porque no quieren que se sepa la verdad”.

A juicio de las víctimas, “todos los gobiernos” que han estado en el poder durante esta década han evitado que se conozca la verdad de lo ocurrido “porque hay unos intereses, que son los de la alta velocidad, que hay que proteger”, ha incidido Domínguez.

También ha mostrado su temor ante la posibilidad de que la sentencia se conozca la “próxima semana”, la última del mes de julio, en un nuevo intento de “tapar nuestra voz”.

Domínguez ha asegurado que han llegado “filtraciones” a la plataforma sobre la probabilidad de que el fallo se dé a conocer la próxima semana, una semana después del undécimo aniversario del siniestro y “a finales de julio luego, para luego irse de vacaciones”.

Con todo, ha asegurado que once años después siguen "esperando justicia", por lo que esperan que en la sentencia el Adif -gestor de la infraestructura ferroviaria- salga condenado y, de lo contrario, han asegurado que tienen intención de recurrir.

En un manifiesto, las víctimas piden “una condena ejemplar para que no vuelva a ocurrir”.

Ya en el Obradoiro las víctimas han dado lectura a un escrito en el que recuerdan que llevan “once años de lucha tratando de destapar todo lo que hay detrás de esta tragedia evitable, peleando contra el Estado y las instituciones implicadas, que han tratado por todos los medios de culpar al último eslabón de la cadena, el maquinista, y de contaminar a la opinión pública para ocultar las negligencias y los incumplimientos normativos de seguridad”.

La maquinaria del Estado, han reprochado, ha “trabajado” ocultando y demorando la entrega de informes, con el cambio de juez por el CGPJ, la Xunta imponiendo peritos, la Fiscalía dando un giro inesperado y la Abogacía del Estado defendiendo a Adif.

De hecho, consideran que “cualquier persona” que “toca este caso” sale “premiada” en tanto que la representante de la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, y cuya responsable, Consuelo Castro, fue nombrada tras afirmar que el juez Aláez -primer instructor de la causa- estaba haciendo una “inquisición general “contra Adif en el juicio.

A su vez, el fiscal Mario Piñeiro, fiscal jefe de Santiago y que dirigió la acusación del caso y levantó la acusación contra Adif, ha sido propuesto para la sección penal del Tribunal Supremo en un “nuevo premio a los cómplices”.

En la manifestación también han participado la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; y los representantes del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y en el Parlamento Europeo, Ana Miranda. E