El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha mostrado su "absoluto respeto" a la sentencia del Tribunal Supremo que ha rebajado hasta los dos años y medio de prisión la condena a Juana Rivas y ha recordado que el indulto sería una decisión política.

Del Río ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante la presentación de la memoria del alto tribunal y después de que el Tribunal Supremo (TS) haya rebajado la condena a Juana Rivas de cinco años a dos años y seis meses de cárcel por un delito de sustracción de menores, una pena que conlleva su ingreso en un centro penitenciario.

El presidente del alto tribunal ha mostrado su "absoluto respeto" a la decisión y también a los votos particulares aunque ha recalcado que la asumiría igual como corresponde hacer a todos los jueces.

Ante la posibilidad de que esta vecina de Maracena (Granada) solicite un indulto que impida su entrada en prisión, Del Río ha recordado que será una decisión política basada en criterios de equidad.

Ha apuntado además que esa decisión, si la condenada formaliza su petición de indulto, analizará si se puede reducir o eliminar la pena.

La sentencia de la Sala de lo Penal del TS estimó parcialmente el recurso de Rivas y acordó rebajar la pena a la mitad al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos como apuntó la Audiencia de Granada y han defendido tres magistrados con su voto particular.

La sentencia responde a unos hechos que se remontan al verano de 2017 cuando esta madre permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos frente a él, el italiano Francesco Arcuri, quien en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella volvió a denunciar por maltrato en 2016.

Tras varios requerimientos para que devolviera a sus hijos y después de que su expareja denunciase la desaparición, la acusada entregó a los dos niños un mes después en Granada.

La Audiencia de Granada y el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada apreciaron que la acusada había cometido dos delitos de sustracción de menores, uno por cada niño.

Los niños permanecen actualmente en Italia con el progenitor.