Las defensas de los 13 acusados por su presunta participación en una banda que ofrecía "seguridad total" a grupos de narcos que operaban en la costa onubense para introducir importantes cantidad de droga en España ha solicitado hoy la anulación de la causa por vulneración de derechos fundamentales.
Durante las cuestiones previas del juicio que ha comenzado hoy en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, las defensas han solicitado la anulación del auto de 15 de septiembre de 2010 por el que se autoriza la intervención del teléfono de L.G.M, un mecánico de 36 años vecino de la localidad onubense de El Rompido, considerado el cabecilla de la banda.
Entienden que la petición realizada por la Policía Nacional para pedir dicha autorización, que fue concedida por el juez instructor, "no se basa en datos objetivos" y, además, tiene su precedente y deriva de otra causa instruida a otro grupo de narcotraficantes, en cuyas actuaciones aparece el nombre L.G.M., cuya sentencia el Tribunal Supremo casó y anuló el pasado mes de octubre por entender que se había vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones.
Por ello, entienden las defensas que en este proceso también se da dicha vulneración, así como otras al derecho a la tutela judicial efectiva o a un proceso con todas las garantías y consideran que la anulación de dicho auto tendría que concluir en la también anulación de todo el procedimiento y por tanto la absolución de sus clientes.
Por su parte, la fiscal del caso ha rechazado la petición al entender que la presente causa no deriva de la anterior anulada, ya que esta fue desarrollada en una provincia distinta a la de Huelva y fue secreta hasta fecha posterior a la solicitud de autorización a intervenir el teléfono de L.G.M. realizada por la Policía Nacional de Huelva.
Está previsto que mañana comiencen las declaraciones de los acusados, entre los que se encuentran dos guardias civiles y un vigilante de seguridad de las instalaciones de Vigilancia Aduanera en el Muelle del Tinto, que se enfrentan a penas de cárcel que superan, en global, los cien años.
