Poner fin a las extracciones ilegales de agua en el entorno de Doñana es, según la fiscalía de Medio Ambiente de Huelva, "bastante complejo" ya que se ha de determinar que ese uso comporte en sí mismo un daño que permita denunciar por un delito medioambiental reconocido en el artículo 325 del Código Penal.
Así lo ha indicado en declaraciones a Efe el fiscal de Medio Ambiente de Huelva, Alfredo Flores, para quien la problemática del agua en el entorno del espacio natural, "no es más que una consecuencia de las actuaciones que está llevando a cabo este departamento desde el año 2005".
De esta forma, ha indicado, fue la Junta de Andalucía la que comenzó a denunciar en aquel año por cambios de usos en zonas reguladas por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad), algo que se constató.
Según Flores desde entonces ya existen más de 30 sentencias que condenan el cambio de uso en esta zona, así como construcciones ilegales y daños en monte público.
Fue a raíz de esto, ha señalado, cuando desde la Fiscalía se empieza a ver el tema del riego: "Nos llega que puede haber elementos problemáticos con tema del agua, pero no como algo que podría tener una relevancia por sí misma, y es a partir del 2010-2011 cuando se empieza a trabajar específicamente".
"Se trata de pozos sin autorización oportuna que por la cantidad de agua que extraen podrían estar provocando daños al acuífero", ha apuntado Flores y es entonces cuando la Fiscalía de Sala de Madrid encarga estudios sobre el tema del agua y los efectos que pueden tener sobre Doñana para ver si los casos pueden ser objeto de denuncias por un delito medioambiental del artículo 325.
La Fiscalía de Huelva ha interpuesto desde entonces nueve denuncias en los Juzgados de Moguer, una primera tanda de tres denuncias en fincas ya condenadas por cambio de uso, como Avispero, Posadillas y Pilonar, y seis denuncias posteriores donde se detectan sondeos.
A estas se suman en noviembre de 2012 por parte de la Fiscalía de Sala de Madrid dos querellas contra las fincas Borrachuela y Matalagrana.
"Jurídicamente el tema es complicado, la administración sí ha actuado", reconoce el fiscal, quien ha apuntado que se han abierto numerosos expedientes sancionadores, sin embargo, el hecho de que la vía administrativa de pie a multitud de recursos y que, en este caso concreto, en menos de siete años, las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir haya cambiado del Estado a la Junta y viceversa, en dos ocasiones, ha provocado que haya sido "un tiempo perdido".
A esto se suma, "el tema socioeconómico, los regadíos generan riqueza y empleo y los ayuntamientos -que en la mayoría de los casos son los titulares de los terrenos- no quieren problemas".
Flores ha dejado claro que "todo" lo que ha llegado a la Fiscalía con respecto al posible uso ilegal del agua "se ha denunciado" pero "si no se tiene la capacidad de acreditar la relación directa entre las extracciones de agua y el daño al acuífero, el procedimiento se quedaría en una multa que sería una cuarta o quinta parte de la que podría conllevar un expediente sancionador de la administración".
