La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha establecido una primera valoración económica previa y provisional del daño causado por los movimientos de tierra realizados en parte del yacimiento arqueológico denominado Santa Marta-La Orden, que alcanza los 302.590 euros. Asegura a su vez que se trata de una zona inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz dentro de la Zona Arqueológica de Huelva, siendo por tanto Bien de Interés Cultural (BIC), desde 2007.
Según ha podido confirmar Europa Press, en esta valoración la Junta de Andalucía ha tenido en cuenta, por un lado, el coste de las actuaciones preventivas que debían haberse realizado en tres de las parcelas y que asciende a 12.000 euros y, por otro y en relación a la parcela donde se han realizado los movimientos, la pérdida documental por el patrimonio arqueológico destruido, unos 53.200 euros, y el valor material de los bienes muebles e inmuebles eliminados en comparación con los encontrados en las otras parcelas, que asciende a 226.750 euros, así como la conservación del registro material de naturaleza arqueológica requerido, 10.640 euros, sumando todo 302.590.
Esta cuantía viene detallada en el informe que remitió el pasado viernes al Seprona de la Guardia Civil y a la Fiscalía de Medio Ambiente sobre los efectos de estos movimientos de tierras en esta zona. El mismo, emitido tras visitar los técnicos el lugar de los hechos, confirma una serie de indicios delictivos.
Por un lado, constata que se han realizado importantes movimientos de tierras --con rebaja del terreno de hasta cinco metros-- en las cuatro parcelas, en las que se aprecian estructuras arqueológicas cortadas y restos materiales arqueológicos sobre todo en una de éstas, que no había sido objeto de intervención arqueológica previa a diferencia de las otras.
No obstante, en la misma la intervención realizada en los años 2007-2008 permitió constar la existencia en el lugar de diversas necrópolis de hasta 5.000 años de antigüedad --neolítica, calcolítica, de la edad del bronce, tardorromana y medieval-islámica--.
Del mismo modo, el informe precisa que dichos movimientos "carecen de la autorización previa y preceptiva" de la Consejería de Cultura y han supuesto "la pérdida irreparable de información arqueológica de valor incalculable así como de daños en bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Histórico Andaluz".
PARALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS
Por la Delegación de Cultura, y en el ejercicio de sus competencias, se acordó el pasado 18 de enero, como medida cautelar, la paralización de los movimientos de tierras en las parcelas afectadas y la apertura del tramite de actuaciones previas por posibles infracciones graves de la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz, dando cuenta a la Fiscalía de Medio Ambiente al considerar indicios delictivos en los hechos.
El pasado viernes el equipo de investigación del Seprona también se desplazó a la Fiscalía para dar cuenta del estado y avances de la investigación en relación con la cronología y autoría de los hechos, recibiendo instrucciones verbales para su continuación. Falta aún la toma de declaraciones de más personas presuntamente relacionadas con los hechos.
Son tres las denuncias presentadas, la primera por parte del arqueólogo Diego González, la segunda la elevó IULV-CA y Participa Huelva, y la tercera ha sido interpuesta por la Asociación de Arqueólogos de la Provincia de Huelva (Apaphu).
CESE DEL JEFE DE SERVICIO
Por otro lado, el Ayuntamiento de Huelva ha cesado al jefe de servicios del área de Urbanismo en respuesta "a los graves daños ocasionados en el yacimiento", según ha adelantado el diario 'Huelva Información'.
Sin embargo, fuentes municipales han asegurado que el cese de este funcionario en el cargo, de libre designación, se ha producido por "reorganización de la estructura", a lo que han añadido que el mismo "no tiene responsabilidad ninguna sobre los hechos".
