Cárcel por apoderarse de 300.000 euros de una empresa turística

 La Audiencia de Huelva ha condenado a dos años de cárcel al apoderado de una empresa turística por apropiarse de 300.000 euros de ésta que deberían de haber sido destinados al propietario de unas fincas en Puebla de Guzmán (Huelva) que la mercantil adquirió para abrir un establecimiento hotelero.

La sentencia considera a esta persona responsable de un delito de apropiación indebida y, además de la pena de cárcel, le impone el pago de una multa de seis meses con cuota de 8 euros y al abono, en concepto de responsabilidad civil, de 300 euros a la entidad mercantil.

Lo absuelve de los delitos de estafa y de falsedad documental por los que la acusación particular le pedía siete años y seis meses de prisión.

Se considera probado que el acusado, el 1 de enero de 2006 fue nombrado apoderado de una entidad mercantil con sede social en Benidorm (Alicante) que adquirió cuatro fincas en Puebla de Guzmán y una quinta, en septiembre de 2007, que configuraban todas ellas la finca conocida como 'El Gitano' por un importe total de 840.000 euros, de los cuales 300.000 se pagaron en el acto y el resto quedaron aplazados.

Al encontrarse la finca en Puebla de Guzmán, el acusado trasladó a la provincia de Huelva su residencia habitual para ocuparse de todas las gestiones relativas a la puesta en marcha de un complejo hotelero, que era lo que la mercantil pretendía y para lo que se le había nombrado apoderado.

El condenado convino con el propietario de las fincas la constitución de una sociedad a razón de un 95 % el acusado y un 5 % el otro para facilitar las tareas de compra y alquiler de maquinaria y materiales necesarios para llevar a cabo la obra y las tareas administrativas.

De conformidad con lo pactado con el vendedor de la finca, la entidad abonó las cantidades aplazadas mediante tres transferencias bancarias de 300.000, 120.000 y 100.000 euros.

Pese a que en todas se hizo constar como beneficiario al propietario de las fincas este sólo recibió 240.000 euros y el resto se los quedó el apoderado.

El acusado, sirviéndose de los poderes dados por la mercantil, abrió una cuenta bancaria a nombre de esta y ante las continuas reclamaciones del dueño de las fincas emitió un pagaré por 300.000 euros a sabiendas de que no había fondos.