Cuatro estudiantes de 1º y 2º de ESO, con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años de edad, han sido expulsados de un colegio apenas horas después de que trascendiera la presunta agresión sexual sobre un compañero del mismo centro educativo, de solo nueve años de edad. Los hechos, que adelantó ayer Radio Úbeda-Ser, tuvieron lugar en un pequeño pueblo de la comarca de la Sierra de Cazorla, cuyos habitantes mostraron ayer su consternación por un suceso que ha tenido una gran repercusión nacional y que investiga la Fiscalía de Menores. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, dijo desde Torredelcampo, que se sentía “horrorizada y conmocionada”. La víctima acudió el pasado viernes con su familia al centro de salud de su localidad, y desde allí fue derivada hasta el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, donde la exploración pediátrica determinó lesiones que coincidirían con una violación con penetración. El propio hospital activó el protocolo pertinente para estos casos. Los hechos que se investigan habrían tenido lugar durante el horario de recreo del colegio, según confirmó ayer el delegado del Gobierno, Antonio Sanz. Y la consejera de Educación , Sonia Gaya, abundó al respecto al indicar que, según el testimonio recabado de la familia del menor presuntamente atacado, se trataría de una agresión sexual con penetración dentro del propio colegio. “Es un hecho grave, gravísimo”, subrayó la consejera que, no obstante, apeló a la cautela para garantizar la protección del menor “como derecho fundamental”. Al parecer, no era la primera vez que el menor sufría este tipo de agresiones, aunque en esta ocasión sí ha sido la más grave. No obstante, las presiones y amenazas de los autores habrían impedido que el niño denunciara con anterioridad. El menor de nueve años que habría sufrido la presunta agresión sexual no ha acudido al centro educativo (en el que estudian 148 alumnos) desde el pasado viernes y su familia ha pedido que se respete su intimidad. La Consejería justificó la expulsión de los escolares como medida cautelar mientras se aclaran unos hechos, y Ciudadanos ha pedido su comparecencia en el Parlamento. También la Oficina del Defensor del Menor en Andalucía, que encabeza el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio por estos hechos. “Tengo muchos años y me han pasado muchas cosas en la vida, sobre todo en los barrios en los que he trabajado, pero este caso me ha recordado cómo hace 20 ó 30 años teníamos este tipo de noticias decepcionantes de la condición humana”, indicó Maeztu para admitir la gravedad del hecho. Al conocerse los hechos, la Delegación de Educación en Jaén mostró su “absoluto rechazo y estupor" por el caso y dijo que, tan pronto tuvo conocimiento del mismo, abrió una investigación a través de la Inspección de Educación. “A pesar de que la convivencia positiva es lugar común en las aulas andaluzas" y de que Andalucía “es pionera en protocolos y programas sobre convivencia escolar”, el hecho de que se pueda dar un solo caso “requiere toda la atención y acción de la administración educativa”, se indicó desde la Junta. Por su parte, la ONG de protección a la infancia Save The Children criticó los fallos del sistema de prevención y detección de casos de violencia infantil tras conocerse el caso de Jaén. “Es totalmente inadmisible que un niño de nueve años esté siendo violado y no existan mecanismos que permitan prevenir y detectar estos abusos ni en el entorno escolar ni en el familiar”, señaló el director de Save The Children, Andrés Conde, para quien, actualmente, uno de cada diez niños sufre acoso en el colegio y la mitad de las denuncias interpuestas por abusos sexuales tienen a un menor como víctima. La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Confedampa) instó a aumentar la vigilancia y actuar “a la mínima”, en la convicción de que “en estos casos hay que pecar por exceso antes que por defecto”. Y el presidente de la Asociación Pro Derechos de los Niños (Prodeni), Juan Pedro Oliver, dijo que “están fallando demasiadas cosas”.