Rojas acudió tranquilo y confiado, y durante su declaración quiso hacer constar que “jamás he negado información a este edil -en referencia al secretario local del PA, Jorge Romero- ni a ninguno de los otros 100 que han pasado por la corporación”, a lo que agregó que “me consta que tenía esta información que solicitó y que la utilizó incluso en sus folletos de partido”.
El PA acusa a Rojas de poner trabas insalvables a la obtención de determinadas informaciones sobre informes de toda índole, incluidas en 37 solicitudes que habían sido comunicadas a instancias municipales de 2003 a 2005.
Entre estas peticiones de información había desde los movimientos de la tarjeta VISA del alcalde, el convenio para la construcción de la plaza de toros de La Montera y recaudaciones de corridas de toros, contratos de empleados municipales, algunos de ellos ex concejales, otros convenios relacionados con el ámbito de la construcción, etc. En la mayoría de los casos, según argumentaba Romero, no había respuesta o se concedía una prórroga con respecto al tiempo establecido por el reglamento.
Como recordó el abogado de Rojas, existe un artículo en la ley que regula la ordenación de las entidades locales que establece un supuesto de silencio positivo en tanto en cuanto si no hay respuesta sobre la solicitud cursada en cinco días, la información puede estar a disposición del demandante.
No obstante, este argumento fue descartado por el fiscal en su exposición final y mantuvo la acusación, basándose en el testimonio de los funcionarios, que, si bien reconocían que no habían recibido órdenes del alcalde para denegar informaciones al PA, admitían que había falta, transcurrido el plazo, un escrito motivado con registro de salida, por lo que no era tan fácil de conceder, y que, además, el Consistorio pudo haber acreditado la aportación de los documentos y no lo hizo.
Por todas estas razones, fiscal y acusación particular mantienen que “no se entregó la documentación” vulnerando con ello “derechos fundamentales de participación recogidos en la Constitución”. Igualmente, la acusación particular entiende que esta vulneración de derechos no atenta sólo contra una persona física o un grupo político, sino contra los representantes de los ciudadanos.
El ex alcalde de Los Barrios, Alonso Rojas, manifestó ayer a preguntas de este diario que entiende la denuncia que dio lugar a este proceso judicial como “una persecución política” por parte del PA en la que “pretenden conseguir por la justicia lo que no han logrado en las urnas, ya que ahí nunca me han ganado”.
De igual modo, Rojas argumentó que “nunca he negado información” en el sentido de que “cuando me la han solicitado la he concedido” o “cuando ha habido silencio a los cinco días tienen derecho a su acceso”. Durante el juicio, agregó a esta cuestión que no puede hacerse cargo de “la pericia o torpeza, en su caso” de la forma de solicitar esta información, en tanto en cuanto ésta se pedía en la secretaría general cuando los informes se encontraban en los diferentes departamentos.
Por su parte, el secretario local del PA, Jorge Romero, dijo que “hemos venido para defender derechos reconocidos por la Constitución que nadie puede negarnos, y eso incluye al alcalde de Los Barrios”. Al mismo tiempo, reseñó que este supuesto ataque contra sus derechos democráticos “no lo hacía contra Jorge Romero o contra el PA, sino contra los propios ciudadanos barreños”.
