El consejo de administración de Cirjesa (Circuito de Jerez S.A.) ha aprobado las cuentas correspondientes al ejercicio 2023, que arrojan un déficit de explotación de 257.511 euros que el Gobierno local achaca a la inflación, las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el aumento del coste salarial motivado por la equiparación de su plantilla a la del Ayuntamiento.

El informe de gestión destaca un “récord” en los ingresos históricos de la sociedad, con 10.907.021 euros, siendo los gastos de 10.247.886 euros. El volumen de ingresos se ha incrementado en 1,7 millones con respecto a 2022. También se ha registrado una ocupación récord de la pista del circuito, con un total de 269 días, seis más que el año anterior.

En todo caso, desde el Gobierno local se advierte de que Cirjesa ha recuperado todas sus vías de negocio, impactadas por la pandemia, únicamente por el aumento de actividad, ya que todas las tarifas se han mantenido constantes.

El nivel de actividad se normalizó y aumentó el número de pruebas deportivas, una tendencia que se espera mantener en el presente ejercicio. De hecho, el regreso el pasado año de la Superbikes supuso la adaptación de las instalaciones a unas exigencias que también implicaron un incremento en los gastos de explotación.

Cirjesa también ha notado desde el año 2020 un aumento de los gastos por el índice de precios al consumo, que en España ha subido en cerca de un 20 por ciento, al que debe añadirse un incremento acumulado del SMI del 26 por ciento.

En lo que respecta a los ingresos, las cifras son mayores que en la época previa a la pandemia y se han cumplido parte de las medidas propuestas en el plan de viabilidad del periodo de 2021-2023, desarrollándose nuevos espacios VIP para el Gran Premio. Asimismo se han aumentado los ingresos por venta de entradas y alquileres de pista sin aumentar las tarifas.

El primer teniente de alcaldesa y consejero de Cirjesa, Agustín Muñoz, entiende que la evolución de la sociedad viene siendo positiva desde la declaración del concurso voluntario de acreedores solicitado en el anterior periodo de María José García-Pelayo como alcaldesa de Jerez, viéndose únicamente truncada en el periodo de pandemia.