Los impagos de viviendas públicas de Jerez subieron del  3,28 al 9,8% desde 2005 debido a la crisis económica. Pese a las preocupantes cifras dadas a conocer por el portavoz del Gobierno local, Antonio Saldaña, el Ayuntamiento hasta la fecha no ha ejecutado ningún desahucio en inmuebles de Emuvijesa  y ha apostado por “alcanzar acuerdos” con las familias afectadas y “buscar alternativas” antes que ponerlas de patitas en la calle. Ello explicaría las más de 20.000 gestiones de las que habló ayer Saldaña para referirse a los procesos iniciados para tratar dar una salida a los jerezanos que sufrieron una situación “de especial vulnerabilidad social”.


En esta misma tónica, el siguiente paso que ha dado el Consistorio y que, a juicio de Saldaña, demuestra la “sensibilidad” del Gobierno local ha sido la adhesión del Ayuntamiento de Jerez al convenio impulsado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para la creación de un Fondo Social de Viviendas -que contempla un total de 6.000- y está suscrito con la Federación de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector y 33 entidades de crédito. 


El Consistorio colaborará con este acuerdo aportando los informes técnicos elaborados en Bienestar Social sobre los demandantes. En este sentido, la titular de este área, Isabel Paredes, hizo hincapié en que serán dichos informes remitidos a las entidades bancarias los que determinen la situación de las familias y que cumplen los requisitos fijados por el Gobierno central. A partir de ahí, los bancos que participan en este acuerdo  remitirán en marzo un listado de las viviendas disponibles.

Las condiciones fijadas por el Gobierno central pasan por no superar una renta de poco más de 19.000 euros al año; no ser propietario de ninguna otra vivienda; ser familia numerosa o monoparental, con dos o más hijos y estar en situación de desempleo y haber agotado el cobro de la prestación.

Requisitos: haber perdido la casa desde enero de 2008

La Delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud elevará al  Pleno de este viernes su propuesta de adhesión al Fondo Social de Viviendas de estas 6.000 viviendas de alquiler, que serán aportadas por las entidades financieras, y a las que podrán acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad social. Podrán ser arrendadas por dos años, que se puede prorrogar un año más, por un precio social de entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar. Para optar a ellas las personas desahuciadas pueden dirigirse a la entidad financiera que cursó su proceso de ejecución hipotecaria.

La OIH atiende 400 peticiones en un año

Saldaña recordó ayer que el Ayuntamiento ha sido el segundo del país y el primero de Andalucía en crear una Oficina de Intermediación Hipotecaria, que ha atendido más de 400 peticiones desde abril de 2012. La PAH discrepa con la eficacia de este servicio.