La secretaria general del PSOE en la provincia, Irene García, ha pedido hoy a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que “por dignidad política” cese de manera fulminante a todos los concejales y delegados de su Gobierno que han participado en la elaboración del ERE que afecta a 260 trabajadores municipales, pida perdón a los jerezanos y presente su dimisión.
García ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa junto a la secretaria general del PSOE-A de Jerez, Miriam Alconchel, tras mantener un encuentro con los representantes sindicales del Ayuntamiento (UGT, CCOO, CTP y Asociación de Técnicos Municipales) para valorar y analizar todo lo acontecido tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha declarado “no justado a derecho” el ERE aplicado por el Gobierno del PP. En el encuentro, han estado también la vicepresidenta de la Ejecutiva local, Mamen Sánchez, el vicepresidente Carlos Dorante; la secretaria de Organización, Ainhoa Gil, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco Lebrero.
En la rueda de prensa, Irene García ha mostrado su preocupación por la “cacería política” que han sufrido los trabajadores afectados por el ERE y por todo lo que conlleva para la ciudad y la provincia. García ha trasladado su apoyo a los representantes sindicales del Ayuntamiento y ha criticado especialmente que la alcaldesa, María José García-Pelayo, no haya mantenido aún un encuentro con los sindicatos “después de haber sufrido varios varapalos judiciales que le quitan la razón”, en referencia a la sentencia del TSJA y a la respuesta aclaratoria que ha hecho este mismo tribunal a petición del Gobierno municipal. “No hay razón de peso ni argumentos para que la alcaldesa no haya tenido un hueco en su agenda para sentarse con los representantes sindicales”, añadió.
La dirigente socialista aseguró que en la sentencia del TSJA “no hay ningún voto particular, ni ninguna aclaración de discrepancia por parte de ninguno de los magistrados y lo que queda claro es que aquella cacería política que inició el PP, con un brazo ejecutor de la mano de Antonio Saldaña, supone una forma de actuar absolutamente indiscriminada, inmoral e ilegal”. “Pero, sobre todo, ha supuesto un auténtico calvario a las 260 personas y familias jerezanas a las que se les ha sometido a un juicio, basándose en la rumorología para criticar y desvirtuar la labor profesional de los trabajadores, algo que no es ético, ni serio, ni legítimo por parte de una persona que precisamente tiene que velar por los intereses generales de la ciudad”, apostilló.
García afirmó que “esta actitud de despotismo absoluto del Gobierno del PP ha quedado meridianamente clara en la sentencia del TSJA, en la que se toma como base de la declaración de no ajustado a derecho las propias afirmaciones de ese brazo ejecutor y de las políticas más rancias y más de derechas que han existido en esta ciudad, en Andalucía y en España del primer teniente de alcalde, ya que dejó claro sin ningún pudor en sede judicial la absoluta arbitrariedad con la que se elaboró la lista de afectados por el ERE”.
La secretaria provincial reafirmó la petición del PSOE para que se readmita de forma inmediata a todos los trabajadores despedidos y calificó de lamentable que el Gobierno del PP continúe “por un camino donde se le tumba por partida doble sus argumentos”, lo que supone “una auténtica burla a los ciudadanos que la alcaldesa intente eludir toda clase de responsabilidades derivadas de la sentencia y, por tanto, muestra a las claras la actitud menos democrática y moral por parte de una representante política”.
“Con acciones -dijo- de este tipo y, especialmente, de quien se debe erigir como defensora de los intereses, entiendo y comparto que los ciudadanos aprecien un desapego a la política, porque supone además una inmoralidad política la ausencia de la alcaldesa para dar explicaciones y que, cuando lo haga, sea para ofrecer imprecisiones sobre la sentencia y para faltarle el respeto a los trabajadores y a los ciudadanos”. Abundando en sus críticas, advirtió que “el daño que le está haciendo el PP a la ciudad desde su llegada a la Alcaldía está calando muy hondo y está pertrechando un futuro muy incierto para muchos ciudadanos”.
En este sentido, denunció que lo que está haciendo la alcaldesa “cumple a rajatabla con la misma dinámica de ataque a los trabajadores, a los representantes sindicales y a la democracia que está llevando a cabo el Gobierno de España con las últimas reformas legislativas”.
“Creo -prosiguió- que la alcaldesa de Jerez está en un callejón sin salida y no le queda otra que, una vez mostrada su ineficacia para resolver los problemas de esta ciudad, presente su dimisión para que podamos retornar a otro tiempo mejor”. Reprochó a García-Pelayo que “se le olvide los compromisos que adquirió en las elecciones municipales y sus promesas para que el Ayuntamiento sea un ejemplo de transparencia, de diálogo social y participación, cuando ha sido todo lo contrario y además pretende burlarse de la justicia”.
García calificó de “agravio” y de una “ofensa de primera magnitud que no sólo no respete y acate una decisión judicial, sino que al mismo tiempo quiera engañar a los ciudadanos diciendo que el fallo del TSJA es una sentencia declarativa”. Al respecto, aclaró que, en términos jurídicos, “todas las sentencias constatan unos hechos, lo ajustan a los preceptos legales que determinan la normativa y se ejecutan. Lo que ocurre es que no hay voluntad de ejecutar” y criticó “la doble vara de medir que quieren hacer ver algunos dirigentes del PP”.
Por otro lado, Irene García ironizó que “echaba en falta” la presencia de Antonio Sanz, presidente provincial del PP, respaldando a su “mano derecha” y secretario general, Antonio Saldaña, y le reprochó que “se dedique a divulgar supuestos escándalos y no haya venido a Jerez a pedir perdón a los jerezanos”.
García se refirió a los perjuicios económicos que va a suponer el pago de las indemnizaciones de los trabajadores despedidos y preguntó a la alcaldesa “cuánto van a suponer los costes judiciales del ERE y de la empresa que ha realizado el expediente basado en una lista arbitraria”. Denunció también las declaraciones realizadas ante el tribunal por Antonio Saldaña, al que pidió que explique a los ciudadanos “la falta de rigor con la que se llevó a cabo la selección de las personas afectadas por el ERE, ya que de sus propias afirmaciones ante el Alto Tribunal se desprende que se basó en lo que se dice en los pasillos, en la rumorología y en si un trabajador tiene buenas o malas actitudes, si es quejica, vago o conflictivo”.
Por tanto, abundó en que “ha quedado constatada la arbitrariedad a la hora de aplicar el ERE, pero también queda patente que ha existido una vulneración de derechos, una coacción continua, falta de diálogo y de democracia”. Por ello, reiteró que “a la vista de que la alcaldesa no tiene ningún interés en solucionar los problemas de los ciudadanos, le pedimos que se vaya porque es lo mejor que le puede suceder a Jerez”
Por último, García reafirmó la apuesta del PSOE por seguir defendiendo los intereses generales de la ciudad y depurar responsabilidades hasta el final, “porque el perjuicio económico, en torno a 13 millones de euros, que va a suponer el pago de las indemnizaciones va a perjudicar de forma grave a la situación interna del Ayuntamiento” y advirtió que, desde el PSOE, “no se descarta emprender medidas judiciales en defensa del interés general de la ciudad si se cierran las puertas del diálogo y la negociación”.
