La nueva fase de la ‘Operación Edu’, bautizada ahora con el nombre de ‘Edu  Costa’ sobre las presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones  para  la impartición de los cursos de formación en Andalucía sigue salpicando a Jerez de una u otra manera. Tras el paso de la exalcaldesa socialista  Pilar Sánchez por la Comisaría provincial y buena parte de Mercajerez  como sociedad beneficiaria de una ayuda de 142.695 euros en 2010 para dos acciones formativas, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tomó  ayer declaración a dos religiosos del colegio La Salle Mundo Nuevo. Uno de ellos era responsable del centro en 2010, fecha en la que supuestamente el colegio alquiló sus aulas para que se impartieran acciones formativas relacionadas con el presunto fraude masivo, si bien en la actualidad este religioso no desempeña su labor en la Diócesis Asidonia-Jerez. También compareció un trabajador de una asesoría de Jerez. Los tres lo hicieron en calidad de imputados, al igual que Sánchez y el gerente de Mercajerez, Ángel Salazar el día antes. 


Teniendo en cuenta que el gerente imputado del mercado mayorista en la etapa de Sánchez continúa siéndolo en la actualidad en el Gobierno local del PP, se esperaba también con interés una valoración por parte de la alcaldesa María José García-Pelayo. Ayer la regidora del PP llamó a la “prudencia” en relación a la investigación y aseguró que el Ayuntamiento “tomará decisiones” cuando tenga un “conocimiento profundo” de todo lo que ha sucedido. “El Ayuntamiento va a colaborar en todo lo necesario facilitando la información de la que dispongamos” y, de hecho, como dijo, ya han solicitado información relacionada con los cursos “para conocer qué es lo que ha ocurrido”. “Es verdad que se nos ha pasado una nota, pero hasta el día de hoy no tenemos conocimiento de lo que ha pasado”.
Por tanto, reiteró que no se posicionarán “con claridad” hasta tener más información.   Llegado ese momento, “se tomarán decisiones” en el consejo de administración de Mercajerez, sociedad de la que recordó que no sólo forma parte el Ayuntamiento, sino también la empresa estatal Mercasa.
García-Pelayo también dijo que lamentaba “profundamente”  la imputación de Pilar Sánchez y reconoció que  “no es bueno” que la ciudad esté vinculada “a una situación desagradable a nivel nacional” y a “un escándalo que trasciende de Jerez”


Eso sí, aprovechó para lanzar dardos envenenados. “Espero que ahora haya más prudencia a la hora de hablar de creación de empleo en la ciudad”, dijo, para recriminar después a la Junta que “dé continuamente lecciones cuando, al parecer, al menos la gestión de los fondos de empleo evidentemente no ha sido la correcta”. No sólo habló de este “problema” sino  de los  ocho millones el de los fondos de reindustralización que Jerez “debe devolver”. Por ello, lamentó que la ciudad haya recibido durante años “muchísimo dinero” para la generación de empleo que “no ha sido gestionado de la manera correcta”.

Víctima de una  caza de brujas
Quien sigue “con la misma indignación” y desde ayer mismo empezó a “anticiparse” a instancias de su abogado solicitando  el certificado del registro mercantil de las competencias que tenía el gerente de Mercajerez, actas y otros documentos posibles es la exalcaldesa Pilar Sánchez. Está convencida de que está siendo víctima de “una caza de brujas” y prepara medidas para reparar su honor después de que su nombre aparezca vinculado como el que más a esta operación. “Yo no soy el rostro de la corrupción de los cursos. No me parece propio de un país democrático que se esté descuartizando a una persona solo por ser presidenta de Mercajerez”.

Investigación

La operación Edu Costa suma ya 31 detenidos después de que la Policía Nacional llevara a cabo ayer 14 nuevos arrestos. Esta operación  se desarrolla principalmente en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería  y se puede prolongar varios días. La investigación afecta a 52 empresas por un fraude en los cursos de formación que asciende a tres millones.