El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado de oficio un expediente para conocer qué medidas se van a adoptar después de que un niño de seis años resultara herido por el mal estado de su colegio, el CEIP San José Obrero. Según detalla el Defensor del Menor de Andalucía en su página web, el Defensor del Pueblo Andaluz dirige el expediente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a su Delegación Territorial en Cádiz y al Ayuntamiento de Jerez.
En el mismo expone que, a través de noticias de prensa, se ha tenido conocimiento de que padres y madres del alumnado del citado centro educativo decidieron adoptar la medida de concentrarse todos los jueves a las puertas del centro docente para reivindicar los arreglos necesarios ante el estado de “abandono” en el que se encuentran sus instalaciones. Su “indignación” -se resalta- ha crecido tras haberse producido el pasado 8 de mayo un accidente en el que el afectado fue un alumno de seis años.
El documento indica que el menor, que se encontraba jugando al fútbol junto a otros compañeros mientras hacían tiempo para coger el autobús escolar, sufrió un “importante desgarro” al engancharse con un saliente de una obsoleta portería, de modo que, ante la complicación de la lesión, fue derivado por los facultativos del centro de salud para que pudiera ser atendido por un especialista. Afortunadamente, tras recibir el tratamiento necesario y permanecer varias horas en el centro hospitalario, el menor fue dado de alta.
Asimismo, apunta que con las concentraciones realizadas se trataba de requerir tanto a la Corporación municipal como a la Delegación Territorial de Educación de Cádiz que, “de forma inmediata” procedieran a “subsanar las deficiencias que hoy sufre el centro docente, así como la sustitución de las aulas prefabricadas que se colocaron hace ahora seis años”, respectivamente.
Considerando dicha información, y ante la posibilidad de que se estén conculcando los derechos fundamentales establecidos en la Constitución (derecho a la integridad física y derecho a la educación, respectivamente), así como los derechos reconocidos de Educación (derecho a una educación de calidad y a la necesidad de contar con la infraestructura y medios materiales y humanos necesarios para su consecución en igualdad de condiciones) se considera “justificado iniciar, de oficio, un expediente”.
El objetivo del mismo es poder conocer la situación en la que se encuentra el centro educativo en cuestión y, en su caso, las medidas que, de forma urgente, se hayan adoptado o se adoptarán al objeto de solucionar los problemas señalados.