El Gobierno Local llevará al Pleno de este jueves la supresión de las bonificaciones que se vienen ofreciendo en el impuesto que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) y en el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) “en cumplimiento del Real Decreto Ley 17/2014 al que está obligado este Ayuntamiento”.
El caso más controvertido es el que afecta a la transmisión de las viviendas habituales entre los miembros de una misma familia tras el fallecimiento del titular, ya que hasta ahora se vienen ofreciendo bonificaciones de hasta el 95 por ciento que desaparecerían con la entrada en vigor de esta modificación de las ordenanzas fiscales.
El portavoz adjunto del grupo popular, Antonio Saldaña, dio la voz de alarma al poner sobre la mesa lo que supondría esta supresión de las bonificaciones. Saldaña advirtió de que esta medida tendrá más efectos curiosamente en aquellos inmuebles de menor valor, ya que estas son las operaciones bonificadas al 95 por ciento.
Así, por la transmisión dentro de una misma familia de una vivienda de la barriada de La Granja habría que pagar 3.288 euros al Ayuntamiento, cuando ahora el coste de la operación es de sólo 164 euros. La subida sería proporcionalmente inferior en el caso de una vivienda de Montealto, por la que ahora se pagan 7.155 euros y por la que una vez retirada la bonificación tendrían que abonarse 17.889 euros. El caso de la vivienda de La Granja sería extensible según Saldaña al resto de “barriadas históricas y de clase trabajadora”, ya que son las que vienen percibiendo hasta ahora una mayor bonificación.
El concejal popular incidió además en los efectos que tendrá la supresión de las bonificaciones del ICIO, que calificó de “un sinsentido” cuando se está hablando de “reactivar el centro histórico” y, al mismo tiempo, “hay que pagar diez veces más por hacer una obra”.
“Por imperativo legal”
El teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, insistió por su parte en que tras haber sido rechazado en octubre pasado, el Gobierno vuelve a llevar este asunto a Pleno “por imperativo legal”. “Hay informes que advierten de las consecuencias negativas que tendría para el Ayuntamiento la no aprobación de estas dos modificaciones de las ordenanzas que regulan ambos impuestos, tanto por la situación económica y financiera del Ayuntamiento como por incumplimiento de Plan de Ajuste, por lo que lo volvemos a llevar a Pleno para tratar de evitar esa desviación del plan”, explicó.
Desde el Consistorio se recuerda que esta medida ya fue incluida por el PP en el Plan de Ajuste, si bien nunca llegaría a ponerse en práctica, manteniéndose las bonificaciones establecidas.
