Varios colectivos han remitido un escrito a la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, para “mostrar” su “preocupación” ante la orden de paralizar las obras del eje Corredera-Esteve y reivindicar vía libre para que pueda culminarse en los plazos inicialmente previstos.
Entre esas organizaciones se encuentran la asociación de comerciantes Asunico, la asociación del Mercado Central de Abastos, Teletaxi, Adifi, la asociación de comerciantes del Parque Atlántico (ACAT), la federación vecinal La Plazoleta y la asociación de vecinos del barrio de San Miguel.
El escrito advierte de que el comercio y la plaza de abastos “tienen que competir cada día con grandes superficies, las compras por internet, el incremento de negocios chinos, problemas de accesibilidad y, para colmo, en estos últimos meses una pandemia global”.
Así, las “pérdidas económicas de este inicio de año lastran a un sector ya castigado, al punto de que muchos comerciantes se encuentran en una situación económica preocupante, contemplando la posibilidad del cierre”.
Ante este escenario, el sector necesita “un impulso y no encontrar nuevas trabas que acaben de sentenciar el comercio tradicional del centro”. “La orden de la paralización de las obras, con la consiguiente restitución del adoquinado, generaría unos problemas de accesibilidad que pueden suponer el golpe definitivo al centro”, advierten estas organizaciones en ese escrito.
Al mismo tiempo, los taxistas “tienen que sufrir el deterioro existente en dicho eje, teniendo que hacer frente a inversiones extra en sus vehículos para poder trabajar, además de la competencia desleal de empresas como Uber”.
Por su parte, los vecinos y personas con discapacidad física “se enfrentan a diario a un acerado castigado por el uso y paso de los años que imposibilita un tránsito seguro y cómodo por el centro”.
Por todo ello, se solicita “la consecución y finalización de las obras” ya iniciadas con idea de que se conviertan en un revulsivo para el comercio del centro. De quedar paralizadas como consecuencia de un procedimiento judicial, los firmantes insisten en que podría suponer “un golpe definitivo a un sector que se encuentra muy castigado”.
