El 31 de marzo las calles de Madrid acogieron un clamor por la visibilidad de la “España vaciada”. Junto a ellos, como era previsible, aparecieron los representantes de los partidos políticos buscando cámaras y micrófonos para anunciar medidas que nunca se pondrán en práctica y actuaciones que caerán en el olvido después del 26 de mayo, últimas elecciones de las de esta serie.
El Gobierno de Rajoy creó el Comisionado para el Reto Demográfico, del que nunca se conoció una propuesta en firme. Y lo ha mantenido el Gobierno de Sánchez, el cual, oportunamente, llevó al Consejo de Ministros que se celebró dos días antes unas directrices generales que no son más que una declaración de intenciones y propuestas vacías.
Pero si hay algo que no ha puesto ninguna de las partes encima de la mesa es una medida que considero crucial para salir de la situación en la que se encuentra no sólo esa “España vaciada” sino toda la rural, como es la fusión de los microayuntamientos existentes en la que podríamos llamar la “España abandonada”.
Hay quien diría que ese no es el problema ya que los alcaldes de los pequeños pueblos no cobran nada, lo que es una fake news (término tan de moda). Si nos fijamos en los datos oficiales que constan en la web del Ministerio de Hacienda, en 2017 los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes gastaron en sueldos y asignaciones a sus políticos cerca de 30 euros por habitante.
Y aunque no parece mucho, sin embargo en los que están en la horquilla superior, los de entre 5.000 y 20.000 habitantes, donde no sólo cobran sus alcaldes sino también muchos de sus concejales; el coste per cápita fue de 8 euros menos, porque aunque el gasto fue mayor también lo es el número de personas a repartir.
Pero realmente el problema grave no es que un alcalde cobre, sino que donde hay un alcalde hay una Casa Consistorial, y ésta sí que genera unos gastos generales que, junto con otros, le costaron a cada vecino de los pequeños municipios 370 euros al año, mientras que en los pueblos más grandes, teniendo más personal técnico y cualificado en esas Consistoriales, el coste fue de poco más de la mitad.
Y si nos fijamos en los servicios públicos básicos, en los microayuntamientos, donde se prestan sólo los imprescindibles, y normalmente en precario, a sus habitantes le costaron 348 euros a cada uno, casi igual que los gastos generales, mientras que en los municipios más grandes, por tan sólo 24 euros más por vecino, tuvieron una carta de servicios más amplia, de mayor calidad, y por lo tanto también mejor calidad de vida.
Habrá quien diga que, con lo poco que se paga estos pequeños Ayuntamientos no pueden prestar mejores servicios. Pues bien, esta es otra fake news, ya que la presión fiscal por los impuestos, tasas y precios públicos estrictamente municipales es superior en estos en 13 euros por habitante con respecto a los que tienen entre 5.000 y 20.000 vecinos. Y seguro que también oiremos que “si ya nos quitaron el médico y el maestro sólo faltaba que nos quitaran el alcalde”.
Lo que es la tercera fake news. Creo que es más que razonable que no pueda haber un centro de salud o un colegio en cada pueblo, como también debería serlo que no haya una Consistorial en cada plaza mayor. Otra cosa es que al final haya que recorrer distancias injustificables para acudir a ellos. Pero si reestructuramos nuestra planta local y fusionamos los pequeños Ayuntamientos con otros más grandes, normalmente cabeceras de comarca u otros más desarrollados a los que la población de aquellos suele acudir habitualmente para hacer compras o satisfacer otras necesidades, incluso de ocio, de forma que no haya una distancia mayor de entre 15 a 20 minutos entre estos pequeños pueblos y su nueva capitalidad, además de contar con verdaderas Administraciones Públicas, no como hasta ahora, obtendríamos un crédito disponible, entre ahorro estimado y aumento de ingresos del Estado (que sería engorroso explicar aquí) en torno a los mil millones de euros anuales.
Con ese dinero no sólo se aumentaría y se mejoraría la carta de servicios sino que se podría, entre otras muchas cosas, establecer un sistema de transporte público que mantenga permanentemente conectados los pequeños núcleos con su nueva capitalidad, de forma que todos sus vecinos tengan acceso a todos los servicios sin abandonar sus casas y en condiciones de igualdad. Esto supondría su verdadero acercamiento, en contra de lo que se pueda decir, y con ello una primera luz de esperanza para esa “España abandonada” como punto de partida para la recuperación de la “España vaciada”. Pero ésta, como el resto de medidas, son urgentes ante la gravedad de la situación. Y viceversa.
