Cuatro patronos de la Fundación Bancaria Unicaja críticos con su presidente, Braulio Medel, han impugnado ante el Protectorado de Fundaciones Bancarias los acuerdos del patronato de esa fundación del 12 de mayo sobre los términos del encargo del informe de idoneidad de Medel solicitado por ese protectorado.
El Protectorado pidió en marzo al patronato de la Fundación Unicaja -principal accionista de Unicaja Banco- solicitar un dictamen sobre su gobernanza a una entidad independiente de primer nivel para pronunciarse sobre si Braulio Medel sigue reuniendo requisitos legales para ser patrono de la institución que preside.
Ese protectorado expresaba a la vez serias dudas de que concurran la necesaria idoneidad y honorabilidad comercial y profesional en Medel para desempeñar su función y cuestionó que ejerza en beneficio exclusivo de los intereses de la fundación.
Fuentes financieras han informado a EFE de que los acuerdos del patronato de la fundación del 12 de mayo "son contrarios al requerimiento propio del Ministerio", del que depende el protectorado, y "a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario de la Ley de Fundaciones y a los Estatutos de la Fundación".
Los motivos de la impugnación son el alcance del dictamen a efectuar por el despacho jurídico independiente elegido, Baker McKenzie; el plazo de su elaboración y la normativa interna de la fundación y lo que califican como incumplimiento de estatutos y reglamento.
En este sentido, precisan que el alcance del encargo no puede ser interpretado ni limitado, ni por el patronato de forma unilateral, ni por el despacho que acepta el trabajo que se le pide; por cuanto el contenido del mismo está definido por escrito con total detalle por el Protectorado, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos.
Los patronos sostienen en su escrito que la presencia de Medel como patrono en la fundación es en calidad de experto en materia financiera y que ello exige por ley un proceso de evaluación de idoneidad similar al de los consejeros de bancos y entidades de crédito.
Indican que ese nivel de exigencia debe recogerse en la carta de contratación del informe porque la evaluación no se centra en la comisión de delito alguno o posibles ilegalidades, sino que los aspectos a valorar son su posición, situación de conflictos de interés, impacto en reputación y actuaciones de la fundación en beneficio propio.
Estos patronos añaden que el plazo de elaboración no puede seguir extendiéndose de forma artificial con prórroga alguna, especialmente cuando la continuidad del presidente -tras haber anunciado el pasado 14 de abril que pretende dimitir de su cargo- se liga al propio informe.
Ese dictamen debía estar listo el 24 de mayo y el despacho planteó un aplazamiento de un mes sobre esa fecha.
